El portavoz socialista de las Cortes valencianas, Ángel Luna, ha intentado evitar un auto de imputación anunciado. El magistrado Juan Climent, nombrado en su día a propuesta del Psoe, alejado como juez del amiguismo del alma de los populares valencianos, ha decidido abrir diligencias e investigar a Luna por un posible cohecho con el promotor Enrique Ortiz. El juego sucio del Gobierno de Valencia, a rebosar de imputados, le estaba esperando.
La imputación a la que tanto esquinazo ha querido dar Luna se deriva de una querella del PP relacionada, como explica él mismo, con unas obras menores que se hicieron hace trece años, en una casa heredada de su mujer, que entonces no lo era, y en un momento en el que ejercía la abogacía sin ningún cargo público. Lo explica tranquilo, como si la providencia fuera un acoso contra quien no sabe nada. “Ni siquiera he leído la querella”, deja caer.
Pero al portavoz del PSOE en Valencia le han perdido las formas, que cuando son rudas y hacen daño, vuelven cual boomerang de inquinas, recelos y desaires a darle a uno en la cara. Al alardear y exhibir un informe judicial del ‘caso Gürtel’ bajo secreto de sumario en las Cortes, se arriesgó a cometer un delito. ¿Y qué ganaba? En la ruta hacia el exhibicionismo por el todo vale, la Justicia estudia una posible revelación de secretos, porque la información prevalece al secreto judicial para periodistas – derecho cada vez más cuestionado – y no políticos.
Tampoco debió acudir a la Biblia en las Cortes y lanzar una piedra a Camps desde la Tribuna promulgando a gritos estar libre del pecado corrupto. Para lanzar piedras, hay que fiscalizarse, tomar precauciones. Porque, demos por hecho que Luna es inocente. Cómo pudo el ex alcalde de Alicante durante cuatro años encargar las reformas de su casa al constructor más polémico de la provincia. Alega como defensa que fue hace trece años, una fecha tramposa, cuánto más atrás en el tiempo, más cerca de su alcaldía. O que las obras fueron menores, apenas 4.000 euros, y cuántas pequeñas empresas habrá en Alicante para evitar al polémico Ortiz.
Por el principio de la coherencia es lógico que a Luna, azote público de corruptos, le cuestionen. Después de ser alcalde, su despacho de abogados asesoró a Enrique Ortiz. ¿Otro favor? Dice que no. Pero ahora se ve en éstas, acusando, un día tras otro, al principal empresario imputado del caso Brügal, uno de los cinco promotores que aparece en el informe policial que financió ilegalmente al PP de Valencia, el mismo Ortiz a quien metió en su casa.
Y a la pregunta que le hará el juez en unos días, – ¿Abonó sus obras? Responderá; – No puedo demostrarlo. ¿Quién guarda los recibos después de tanto tiempo?, reflexiona el político, como si acabara de caer en esas tierras. En un careo entre Ortiz y Luna, ganará el primero. Ante la hipótesis de que fuera un posible montaje, como cree el portavoz del PSOE, hablamos de un promotor que necesita los favores del PP en los múltiples juicios que se avecinan y al que no le costará, llegado el caso, imitar el lenguaje de la mafia; “No es nada personal, son los negocios”. Al menos, el juez no ve la prevaricación, la relación de esos 4.200 euros de reformas con los 7,2 millones de euros en contratos firmados por Luna para Ortiz, desde el Ayuntamiento de Alicante.
El portavoz del Psoe valenciano no es comparable al presidente Camps. Es un imputado contra veinticinco. Un portavoz del Psoe frente a un Gobierno que prácticamente hace pleno. Un ex alcalde frente a dos presidentes autonómicos. José Joaquín Ripoll, o los múltiples chanchullos en la trama Brugal, y qué decir de Fabra, cuya situación judicial tiene apartado propio en Wikipedia o un grupo en Facebook sobre sus cinco millones de euros sin justificar en seis años. Los protagonistas de algunas de las mayores tramas de corrupción investigadas por jueces, policías y fiscales, señalarán a Luna como si fuera uno de ellos. Es el David y el Goliat de los cohechos, hasta aquí hemos llegado.
Pilar Velasco