Escucho a un pasajero, tirado en el aeropuerto de Barajas, defender a los controladores, “porque asusta que quieran negociar sus condiciones laborales y acaben bajo el régimen militar”. Pero no hay quien encuentre un solo argumento a favor en el atestado de acontecimientos de las últimas veinticuatro horas. ¿A quién pueden pedir comprensión, solidaridad? ¿Quién puede aceptar una simple disculpa a estas alturas? Los tres millones de pasajeros en vilo pendientes de un vuelo, la sociedad atónita comentando la jugada, y el Gobierno ante la respuesta más contundente a un colectivo dada en los últimos treinta y cinco años de democracia coinciden, de manera unánime, en que 2.400 profesionales no pueden empujar al país a un caos inédito.
Cuando el 90% de los controladores incorporados a su puesto, bajo las órdenes de los militares, terminen su turno y salgan de los aeropuertos este fin de semana, tendrán que sortear todavía a pasajeros que han dormido sobre las cintas transportadoras, en las sillas rígidas de los pasillos o tirados con mantas en el suelo. A la salida, cruzarán entre tanquetas del ejército y de camino a sus casas el balance será inevitable.
No les puede sorprender tener a todos en contra. Todo apunta a que la decisión de bloquear los cielos si el decreto no les favorecía la tomaron antes del Consejo de ministros. Pero en el abandono de las torres de control, sincronizados y a traición a las cinco de la tarde, en ese primer jaque a los pasajeros, es cuando se desveló el sabotaje encubierto. En el blandir de billetes y la rabia de los viajes frustrados desde Madrid, las Palmas, Canarias, Barcelona, Santiago… Ni un aviso, ni un guiño para que por los afectados hubieran buscado con tiempo soluciones alternativas. Los medios tardaron unos minutos en darse cuenta de que la sucesión de cancelaciones implicaba el cerrojazo aéreo nacional y el contraste fue blasfemo. A micrófono abierto, los portavoces sindicales (sic) de los controladores hablaron de supuestas bajas de enfermedad, del cansancio acumulado por 1.650 horas al año (recién aprobadas, no cumplidas), desanimados, dicen, porque su dignidad laboral no está en 200.000 euros anuales y ofendidos por no jubilarse a los 52.
El in crecendo de las actuaciones del Gobierno ha recordado a la intensidad política de un 11-M. Al evitar la ley para mejorar sus condiciones salariales han activado de la peor manera posible a todas las instituciones del Estado hasta llegar al Rey. El Presidente plasmó su firma a media noche y militarizó el control aéreo, el vicepresidente de Gobierno comparecía a las dos de la madrugada, blindado por Defensa, Fomento y el jefe del Estado Mayor del Aire, con el anuncio de un consejo de ministros de urgencia en pocas horas. En un plano menos visible, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en marcha, el Ejército en formación, el ministro de Justicia alerta por si acaso y Sanidad resolviendo de urgencia casos médicos, las intervenciones quirúrgicas que dependían de los vuelos en tierra. El Gabinete de Crisis, Rubalcaba a la cabeza y avalado por el PP, ante este panorama, no concederá un ápice de amnistía al colectivo.
Tampoco la hallarán en la Justicia. La fiscalía ha abierto diligencias y la causa, al afectar a todo el país, podría llegar a la Audiencia Nacional. De los 296 controladores que tenían que incorporarse tras el estado de alerta, 13 no han aparecido. Si no lo justifican, se les aplicará la justicia militar, con penas graves (esta lo es) de hasta 8 años de cárcel. Y los jueces, como ha recordado Gregorio Peces Barba, “ya se sabe que son imprevisibles”. La vía administrativa y penal sigue abierta para todos. En los cien controladores que llamarán a declarar, buscarán contradicciones, motivos, pruebas, que demuestren la organización de la huelga encubierta. La policía judicial podría pedir un listado de las comunicaciones de los jefes de los controladores aéreos. Sms y correos electrónicos que delatarían una más que probable organización previa de los responsables de los controladores, esos a los que han pillado tres horas después de la declaración de estado de alerta tomando cañas en un restaurante del centro de Madrid.
Al margen de la ley, les pedirán cuentas los pasajeros, el sector turístico, las compañías aéreas, los ciudadanos en general por esta agresión en plena crisis. Porque el efecto mariposa de los mercados no se rige por un dulce aleteo. ¿Y si hubiéramos llegado al lunes sin vuelos, con caídas estrepitosas en la bolsa española, sanciones europeas, el rumor ampliado de un posible rescate? ¿Con qué vara hay que juzgar a los controladores? ¿Por los hechos o por la amenaza de los hechos? Con el puente de la Constitución perdido, los militares durante quince días más en los aeropuertos, al menos, de todas amenazadas, la del chantaje y el sabotaje aéreo ha terminado.
Pilar Velasco