Juristas reconocidos exponen su parecer sobre la legalidad del estado de alarma impuesto por el Gobierno ante el plante de los controladores. Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, lo considera irreprochable. (El Correo, 5/12/10) Opina irónico el catedrático que aunque nos guste imaginar un gobierno que no interfiera, está en sus manos incluso nuestra felicidad.
Francesc de Carreras, constitucionalista y analista político, asiente que los efectos de la huelga salvaje encajan por su envergadura y significado en los supuestos de la ley. (La Vanguardia,5/12/10)
Con alguna matización sobre las medidas sancionadoras hacia los controladores se arranca el jurista Enrique Gimbernat, quien estima dudosa la aplicación del delito de desobediencia militar, ante lo que éstos depusieron su actitud, y no del desobediencia común (El Mundo, 5/12/10)
El constitucionalista Alberto López Basaguren (El Correo, 5/12/10) pone el dedo en la llaga al advertir sobre la extrema excepcionalidad, aunque sea constitucional. Con ese preámbulo, detalla las situaciones excepcionales de la Ley (epidemias, catástrofes y paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad; éste último supuesto utilizado por el Gobierno), pero reclama una atención más detenida. Afirma que esta última hipótesis –al contrario de las anteriores, que sólo requieren de la mera constatación del hecho- exige que concurran las dos circunstancias, es decir, la paralización de servicios esenciales con los imponderables citados . Análisis reflexivos, lejos de la batalla.
Como balance político, el Gobierno logró transmitir una actitud de firmeza acorde con la gravedad de la situación, lo que le hace recuperar cierta confianza perdida por su gestión ante la crisis económica. Lo contrario, la impotencia de un Estado para afrontar el desafío, hubiera sido dañino para el país y puesto contra las cuerdas al ya débil ejecutivo. Otra cosa es la génesis del conflicto, y es ahí donde el ministro del ramo, José Blanco, no puede erigirse como triunfador.
La precariedad incumbe al presidente, que no puso cara a la debacle –cediendo su protagonismo a Rubalcaba- lo que constata su desistimiento en un grave acontecimiento: la primera ocasión en 32 años de Constitución en que un Gobierno declara el estado de alarma. El vicepresidente, hijo de un piloto de Iberia, gestionó con rigor la crisis aérea, mientras otros miembros de su gabinete, como Blanco o Zarrías, prefirieron asociar la huelga con la “actitud destructiva del PP”, que en el caso de Zarrías le llevaría a sugerir un fantasioso complot entre controladores y populares para derribar al Gobierno.
Persistir en éste y otros clichés demagógicos merma la confianza en la gestión del Gobierno. Porque reconocer su determinación en este caso no excluye recordar la actitud irresponsable del mismo Ejecutivo que achacó a Esperanza Aguirre la culpa de no haber gestionado bien el chantaje de los trabajadores de Metro Madrid en junio pasado. Entonces, la vicepresidenta De La Vega despachó la huelga de los maquinistas como “un conflicto que afecta al Gobierno madrileño” y que debía solucionarlo Aguirre, mientras consideraba “constructiva y positiva” la actitud de los sindicatos. Otra lección para el Gobierno de Zapatero.
Chelo Aparicio