“El Pentágono ha reconocido formalmente el ciberespacio como un nuevo dominio de guerra”. Son las palabras del subsecretario de Defensa norteamericano William J. Lynn en un reciente artículo. Su descripción de la nueva estrategia para la ciberguerra aclara por qué los ataques informáticos de los partidarios de Wikileaks no son sino una revuelta de ciudadanos hartos de la opacidad y los abusos del poder. “Somos luchadores por la libertad de internet”, se define Anonymous, el grupo impulsor de los ataques contra los servidores de empresas como Amazon, PayPal, Mastercard o Visa. Respuesta de apoyo a Julian Assange y su organización tras haber sido detenido en Londres. Pero también una revuelta contra el control del poder político y económico sobre la información, los contenidos y el conocimiento. Contra la privatización de la libertad del ciberespacio.
La retórica de la guerra no sirve para este conflicto. Ni siquiera la de la guerra contra el terrorismo popularizada por el gobierno norteamericano para justificar las represalias del 11-S. “La ciberguerra es asimétrica”, explica el subsecretario de Defensa, “es más, ni siquiera está siempre claro qué constituye un ataque. De hecho, muchas de las intrusiones están más cercanas al espionaje que a un acto de guerra”.
La ciberrevuelta liderada por Anonymous contra las empresas colaboracionistas del gobierno norteamericano en el acoso a Wikileaks hunde su estrategia en el mayor temor del Pentágono: “El ataque a la propiedad intelectual puede ser la más significativa ciberamenaza que los Estados Unidos enfrenten”, dice Lynn. Esa visión justifica las presiones a España –otra vez demostrada en los cables desvelados por Wikileaks– y a otros países para endurecer la persecución contra las descargas y el P2P.
La propia Operación Payback de hackeo a los colaboradores de la persecución a Assange y Wikileaks tiene su precedente en la revuelta contra la industria de la música. Payback y Anonymous se pronuncian contra la censura y el copyright, a favor de la libertad de expresión y el libre flujo de contenidos de la era digital.
Es un conflicto entre el supercapitalismo, el poder corporativo que se ha adueñado de la democracia (Robert Reich), y los ciudadanos, hartos de ser considerados hiperconsumidores sin más derechos que acatar el dictado del mercado. Sometidos por una política privatizada, dirigida por una partitocracia más preocupada de mantener el poder que del bien público.
Una privatización del espacio público y la democracia que feudaliza la sociedad. Grupos de interés privados con poder para definir políticas y espacios públicos. Como ocurre en la propia internet, donde la mayoría de los usuarios dependen de empresas privadas para ejercer sus libertades en el ciberespacio. Un sistema que erosiona el que la modernidad y la democracia crearon: un cuerpo social soberano.
Vuelta al feudalismo y a un vasallaje cuyas servidumbres son los datos personales de los usuarios, sus contenidos, relaciones, amistades, etc. empleadas por las grandes empresas de internet para sostener su negocio.
Poder político y económico se confunden y los accionistas se imponen a los ciudadanos. Así lo ven cada vez más personas, como muestran las encuestas que sitúan al poder en la banca, el gobierno y las grandes empresas. Donde el control democrático de los medios falla surgen Wikileaks o la Operación Leakspin, impulsada por Anonymous como estrategia para dar donde más duele, “la repercusión mediática” de lo que era secreto.
Ante la privatización del espacio y los bienes públicos, los cooperantes de Anonymous, como tantos partidarios de los movimientos altermundistas o simples consumidores enojados, se rebelan contra la clave del nuevo poder: “la propiedad intelectual y la competitividad en la economía global”, en definición del responsable del Pentágono. Una ciberrevuelta contra la democracia corporativa.
Pero hay políticos y estados que prefieren declarar la guerra a sus propios ciudadanos para escapar a su control. Traicionan la convivencia democrática con el mito del enemigo interior, la coartada de todas las dictaduras. Una estrategia peligrosa que puede abrir todavía más la brecha entre poderosos y gobernados.
Juan Varela