Francisco Camps ha ganado este nuevo pulso. Durante varias horas, Mariano Rajoy barajó dejarlo caer, sustituirlo por otro candidato. No se atrevió, y al final han tenido que ser los dirigentes de Génova quienes disculpasen el órdago que lanzó Camps el lunes, al autoproclamarse candidato. «El PP en Valencia convocó el Comité Electoral para la presentación de la candidatura a instancias de la dirección nacional del PP», aseguró este martes Soraya Saénz de Santamaría. Son dos medias verdades. Ni la dirección nacional del PP pidió esa reunión, ni el Comité Electoral valenciano llegó realmente a reunirse. Lo único tangible fue una nota de prensa del PP valenciano, a última hora del lunes, dando por designado a Camps como candidato. ¿Lo será? Hoy parece que sí, pero en el PP estas certezas siempre son condicionadas.
Desde luego, Camps –que se ve a sí mismo como el candidato más respaldado de la historia de las democracias occidentales– ha demostrado que no tiene intención alguna de rendirse sin más, por lo que Rajoy no tiene nada fácil forzar su salida sin declarar una guerra abierta en el feudo valenciano. Entre Asturias con Cascos, Navarra con UPN y Mallorca con Jaume Font, no está el PP como para nuevas escisiones. De momento, su proclamación oficial sigue sin fecha. La clave es el calendario procesal del molt honorable imputado. En las próximas semanas, probablemente entre finales de marzo y abril, el juez Flors dará el siguiente paso procesal y ordenará la apertura de juicio. Pero, según los cálculos del PP, la foto de Camps en el banquillo de los acusados no llegará hasta después de las elecciones, probablemente en otoño. En ese momento será Rajoy –y no Camps– quien estará en precampaña, quién sufrirá el desgaste electoral de una foto políticamente impresentable: la de todo un presidente autonómico imputado por soborno.
El juicio, además, dejará aún más claro que Camps mintió varias veces a los ciudadanos. Dijo que no conocía de nada a Álvaro Pérez, el Bigotes, y acabó siendo su amiguito del alma. Y también dijo que se pagaba sus trajes, y su actual defensa legal ya no discute la evidencia de que aceptó más de 15.000 euros en ropa a media.
Pero no son sólo unos trajes. Lo más preocupante es esa sombra de financiación ilegal del PP valenciano, cuyo máximo responsable es Camps. Desde el PP, el último intento por minimizar el caso Gürtel se agarra al escrito de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción en este proceso, que pide para Camps 41.250 euros de multa, pero aún no le acusa de financiación ilegal del PP. Desde Génova, interpretan que el caso se
queda en nada, a pesar de que el proceso judicial de la Gürtel valenciana sigue su curso y no se reduce a la imputación de Camps por los generosos regalos de ese “amiguito del alma”, al que quiere “un huevo”.
Ignacio Escolar