Un grito resuena en las redes sociales en forma de etiqueta: #nolesvotes. Es la rebelión de muchos internautas contra el voto a PSOE, PP y CiU en las próximas elecciones por aprobar la ley Sinde contra las descargas. A algunos les parece nihilismo consumista, otros se asombran del apoyo a una protesta con más eco digital que preocupaciones como el paro o la reforma de las pensiones. Pero el empuje contra la contestada iniciativa del Ministerio de Cultura es otra muestra del hartazgo de los ciudadanos con la partitocracia y su opacidad y falta de transparencia.
Políticos y partidos son el tercer problema del país para los ciudadanos, según los barómetros del CIS. La mitad de la población está poco satisfecha con el funcionamiento del Parlamento y el 60% cree que pierde mucho tiempo en problemas sin importancia. No es de extrañar que los partidos sean la institución peor valorada con una nota de 2,88 (Barómetro CIS, noviembre 2010).
El motín electoral de No les votes es un paso más en la erosión de los grandes partidos propagada a la velocidad de internet. Por eso, y en busca de mayor legitimidad, sus impulsores han decidido encabezar su manifiesto con la corrupción antes que la lucha contra la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, votada por 244 senadores, el 95% de los miembros de la Cámara Alta.
Ricardo Galli, responsable de Menéame.net, explica esa elección porque la ley Sinde “es un ejemplo de libro de corrupción institucionalizada y consensuada por los partidos”. Añade que es una ley que “está manifiestamente en contra del interés social y favorece sólo a una minoría”.
“La ley Sinde ha servido de catalizadora para hacer más evidente, si cabe, la corrupción de muchos individuos que pertenecen a una clase política de moral reprochable”, escribe Javier de la Cueva, abogado y otro de los impulsores de ‘No les votes’ junto a Carlos Sánchez Almeida, también abogado especializado en internet, o Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa.
Si la contestación a la conversión del Ministerio de Cultura en vigilante de la propiedad intelectual empezó con un manifiesto. La protesta sigue con un wiki –una página participativa- que va creciendo y donde grupos de personas se organizan por autonomías y municipios.
España no es Egipto ni Túnez, pero la sordera política ha indignado a muchos. De los hiperconsumidores del todo gratis a los que defienden adaptarse a la tecnología y los nuevos hábitos de consumo. Pero también a emprendedores de nuevos negocios digitales y a personas que como el dimitido presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, empezaron apoyando la ley Sinde para acabar en contra.
El primer efecto perverso de la norma antidescargas ha sido ahondar la brecha entre la industria del entretenimiento y su público. El segundo, aumentar el recelo de una parte de la población, especialmente entre los jóvenes, ante una política y unos partidos sordos, incapaces de explicar sus posturas y de adoptar normas que protejan tanto a los creadores como a los consumidores. Y menos de fortalecer el acceso a los contenidos y los procomunes, los bienes de todos, en gran parte sufragados con dinero público, cuyo valor aumenta con su uso social, como los propios contenidos digitales.
En el año largo de discusión de la ley Sinde, la justicia europea ha sentenciado en contra del canon digital, la primera gran lucha en internet desde su aprobación en 2006. Se espera una reforma de las sociedades de gestión de derechos, perceptoras del canon, empujada desde Europa y que se debate en el Gobierno. Y está pendiente la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a un nuevo escenario de acceso en tiempo real, en movilidad y con los contenidos almacenados en internet gracias al cloud computing. Una era donde la propiedad importa cada vez menos y crece la oferta gratuita, pagada por la publicidad a cambio de los datos de los usuarios, pero también los sistemas de suscripción a música, películas o información, además del pago por contenidos.
Algunos de los partidos contrarios a la ley Sinde, como Izquierda Unida y UPD, han escuchado y estudian alternativas para proponer la reforma de la propiedad intelectual. Otros, como PSOE y PP, han cerrado el debate entreabierto en algún momento.
Los impulsores de ‘No les votes’ esperan que “los políticos aprendan a escuchar, que se reciclen y hagan una inmersión en la realidad social”, pero también que los ciudadanos valoren su voto. De la Cueva define la protesta como “una capa más”, no “un movimiento separado ni sustitutivo” de otras muestras del enojo social.
El debate está abierto y en Twitter se discute a quién beneficia la abstención, el voto en blanco o si es mejor votar a los partidos contrarios a la ley antidescargas. Con la abstención, los nulos y el voto en blanco, la partitocracia y los grandes partidos ganan. En fuentes del PSOE se teme el daño electoral sumado al de otros colectivos enojados con la política del Gobierno. El PP mantiene su calculada ambigüedad y la bandera del rechazo al canon y al bloqueo de web sin autorización judicial.
La incógnita es si los partidos serán capaces de defender propuestas para recuperar a los electores digitales, para el desarrollo de los contenidos digitales sin penalizar los derechos de una sociedad de autores, donde cada vez más personas crean, comparten y producen parte de esos contenidos y, sobre todo, las relaciones entre ellos y que determinan su consumo. Una economía de la afectividad donde lo que no se comparte vale menos y donde sólo los más unidos a los consumidores serán capaces de mantener el negocio y el valor de sus obras.
Juan Varela