Rajoy dirige el PP como si no fuera oposición sino Gobierno. El Secretario General con la lógica de la espera no ha conseguido que desaparezca uno sólo de los problemas que arrastra desde hace años. Esperanza Aguirre sigue inmersa en sus intereses, Gürtel armándose en los Tribunales y Camps gana un pulso detrás de otro. La decisión de confirmar al imputado como candidato, recordando que lo anunció hace seis meses aunque no le creyeran, no aporta nada a su liderazgo y ensombrece la futura campaña de las generales. ¿Por qué decide intentar el salto a la Moncloa tan cargado de lastres? ¿Qué gana con mantener una comunidad infectada de corrupción judicializada? ¿Y con nombrar a Camps con la mayoría absoluta garantizada en Valencia? ¿Por qué ofrece al electorado el primer candidato imputado de la democracia? ¿Le desgastará armar la alternativa de Gobierno con estas mimbres? Un amplio listado de interrogantes que se hacen miembros de la dirección del Partido Popular. Muchos han pasado del entusiasmo de la última Convención Nacional en Sevilla al pesimismo con la vuelta de Camps. Tienen razones y pasan por varios argumentos:
Pésima estrategia electoral. Llegará mayo de 2012 con la posibilidad de que Gürtel estalle en precampaña. De hecho, según diferentes sociólogos electorales, la factura que el votante no pasa a Camps en Valencia podría llegarle al PP en unas generales con un millón de voto flotante decisivo. Camps ha defendido Valencia – a su manera – transmitiendo al electorado popular que se defendían de una agresión del gobierno de España con la ayuda de Canal Nou y medios locales controlados por la Generalitat. Rajoy, al confirmar su candidatura, condiciona su liderazgo a merced del proceso judicial y se la juega en la opinión pública. Sobre todo, deja abierto el debate que ocupará portadas y tertulias. Como comenta un alto cargo, “según se vayan acercando las generales y puedan llamar a declarar a Camps este tema seguirá encima de la mesa”.
Banquillo a la vista. La justicia camina despacio, con pasos firmes. Los plazos del proceso son imparables. De momento, Anticorrupción pide una multa de 41.250 euros por cohecho pasivo y el PSOE tres años de cárcel y ocho de inhabilitación. A pesar de los recursos pendientes de resolver por la sala de lo penal del Tribunal de Justicia de Valencia – interpuestos por el PP para ganar tiempo -, Flors celebrará la Audiencia Preliminar y dictará abrir el juicio o archivarlo. Fuentes jurídicas de Valencia y Madrid creen poco probable que se archive. Por este motivo, una mayoría de afiliados y cargos del PP preferiría no tener que defender a uno de los suyos en estas condiciones.
El secreto de Camps. En el órdago que ha echado a Rajoy hay quien ve de fondo la financiación del PP. En los primeros meses de instrucción, cuando la policía judicial envió el informe sobre las irregularidades en las cuentas del partido, el PPCV respondió al juez Pedreira con un escrito con un mensaje: las cuentas de Valencia se llevan en Madrid. Ahí empezó el reto de Camps a la sede de Génova. El President entendía que con el cese de Bárcenas cerraban el cupo de castigos. Además, como recuerda un abogado de la acusación, “los actos electorales de Rajoy en Valencia también los pagaban las empresas de Correa”.
¿Plan A o B? En el PP hay quien sostiene que Rajoy mantendrá a Camps hasta después de los comicios a cambio de controlar las listas, es decir, evitar que los demás imputados del Gobierno valenciano y sus cargos intermedios se blinden cuatro años más. Otros, en un análisis estridente aunque en sintonía con el recorrido judicial del caso, creen que con el PP en el Gobierno llegarían los indultos.
Por comparar candidatos con aspiraciones presidenciales, para Zapatero era impensable cerrar filas con imputados del Gobierno de González. No hay argumento que justifique que lo haga Rajoy en su camino preparatorio a La Moncloa. Él se ve cerca, el PP también. Quedan uno o dos escaloncitos, decía Camps, y esta extraña situación será pasado. Pero, ¿por qué creerá Rajoy que esos escaloncitos son de subida?
Pilar Velasco