Es otro momento importante en la educación de Barack Obama.
Empezó su presidencia con la promesa de cerrar la cárcel militar de la bahía de Guantánamo en cuestión de un año. En cuestión de meses, se dio cuenta de que es imposible. Y a estas alturas esencialmente ha formalizado la política de detención indefinida de George W. Bush.
Con el anuncio este lunes de que la administración Obama reanuda los juicios militares en Guantánamo, los conservadores se lanzan a predicar un triunfante Ya os lo dijimos. Los partidarios de izquierdas vuelven a sentirse traicionados. Los funcionarios de la administración tienen unas cuantas explicaciones que dar.
Y por eso reunieron a unos cuantos picapleitos de primera línea salidos de toda la rama ejecutiva y la tarde del lunes celebraron una rueda de prensa con los periodistas. Las reglas del juego exigen que no se recoja el nombre de los funcionarios, algo apropiado teniendo en cuenta su Orwelliano encargo. Tienen que defender que la nueva política de detención de Obama es totalmente consistente con su antigua política de detención.
No sólo ha faltado a su promesa de cerrar Guantánamo en cuestión de un año, sino que también ha desmentido su afirmación de que una política de detención «no se puede basar simplemente en lo que la rama ejecutiva o yo decidamos por separado». Su decreto ejecutivo hace exactamente lo que él dijo que no hay que hacer, al estilo predilecto de su antecesor en el Despacho Oval.
«Estas detenciones sin juicio, ¿cuál es la diferencia con respecto a la administración Bush?» preguntaba un reportero francés de Le Monde en la rueda de prensa.
Buena pregunta. La respuesta, que da el grupo de picapleitos, es técnica: «Tenemos un proceso mucho más profundo de representación del acusado aquí… Existe la oportunidad de una argumentación oral ante el tribunal militar».
Jan Crawford, la corresponsal de temas jurídicos de la CBS, no estaba nada impresionada con la respuesta. «¿Qué cambia concretamente en esto con respecto a lo que vivimos con lo que era tan malo de la administración Bush?» preguntó.
El colectivo de picapleitos respondía que los casos iban a ser revisados cada seis meses en lugar de cada año. También hablaron de «su intención de respetar el Artículo 75 del Protocolo a la Enmienda de la Convención de Ginebra».
Esto sigue sin convencer a Yochi Dreazen, corresponsal del National Journal. «Parece que lo que está sucediendo ahora con este decreto presidencial es que en la práctica ratifica el estatus quo», dijo. «¿Es una lectura justa?»
Los picapleitos no creyeron que fuera una lectura justa. Una y otra vez, repitiendo su estribillo: «El mensaje básico es que el discurso pronunciado en los Archivos sigue siendo el marco bajo el que la clausura de Guantánamo se está llevando a cabo».
¿Ah sí? Veamos.
Los picapleitos se referían al discurso de Obama pronunciado en mayo de 2009 en el edificio del Archivo Nacional.
Allí, él dijo: «En lugar de protegernos, el Penal de Guantánamo ha debilitado la seguridad nacional estadounidense. Es el grito de guerra de nuestros enemigos. … Se mire por donde se mire, el precio de tenerlo abierto supera con creces las complejidades relativas a cerrarlo. Por eso sostuve durante mi campaña que debe cerrarse, y por eso decretaré su cierre en cuestión de un año».
Fue también entonces Obama dijo que las políticas de detención «no pueden basarse simplemente en lo que el ejecutivo o yo decidamos por separado… Dentro de nuestro sistema constitucional, la detención indefinida no puede ser la decisión de un único caballero. En el caso extraordinario en el que determinemos que Estados Unidos está obligado a retener a particulares para impedirles perpetrar un acto de guerra, lo haremos en el seno de un sistema que implique la supervisión legislativa y judicial. Y por eso, en el futuro, mi administración va a trabajar con el Congreso para desarrollar un régimen legal adecuado».
En cierto sentido, el anuncio del lunes es el reconocimiento de que Obama fijó unas expectativas irrealmente elevadas durante su campaña y al principio de su legislatura. «El presidente ha institucionalizado a estas alturas un proceso del que buena parte de su electorado se imaginaba que iba a deshacerse», escribe mi antiguo colega en el Washington Post Benjamin Wittes, que ahora es la autoridad de la Brookings Institution en materia de detención indefinida.
Menos fácil de entender es la negativa de Obama a implicar al Congreso creando su nuevo régimen de detención, tal como había prometido. Como dijo el propio Obama, el procedimiento carece de legitimidad sin «supervisión legislativa y judicial».
Evan Perez, del The Wall Street Journal, preguntaba a los picapleitos por esto durante la videoconferencia. Él señalaba que Obama, en su discurso del Archivo Nacional, «aludió» a un proceso judicial de revisión en el caso de las detenciones indefinidas.
«No estoy muy seguro de lo que… a usted le parece que el presidente hizo alusión», respondía uno de los picapleitos.
Y ¿qué hay de lo de trabajar con el Congreso? Un picapleitos decía que se trata de «un decreto ejecutivo administrativo» que está «dentro de las competencias… del presidente».
Es curioso, eso es justamente lo que solían decir los abogados de Bush.
Dana Milbank