Estaba cantado. El artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía que reservaba para Andalucía las competencias “en exclusiva” del Guadalquivir, tarde o temprano, se iba a topar con el Tribunal Constitucional. Así ha sido.
La gestión de los cauces fluviales que discurren por más de una comunidad autónoma son competencia del Estado, y aunque en este caso más del 90 % de este río corre por tierras andaluzas, el recurso de la Junta de Extremadura contra la exclusividad ha sido aceptada por el TC. Ello implica tener que deshacer buena parte de las decisiones sobre su competencia, transferidas en su día con el consiguiente endoso de las partidas presupuestarias del Gobierno y de la Unión Europea.
No fueron pocas las voces, y algunas muy autorizadas, que advirtieron sobre el riesgo de inconstitucionalidad de este artículo del Estatuto, que pese a ello fue aprobado en su conjunto por las todos los partidos políticos y revalidado posteriormente en referéndum por los andaluces. Si es cierto que la condición andaluza del Guadalquivir es indiscutible, no lo es menos que en una pequeña proporción riega también tierras de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, por lo que el principio de exclusividad que se arrogaba la Junta de Andalucía era para los expertos, cuando menos, un exceso.
La sentencia del TC tiene otras derivadas no menudas. Con el traspaso de las competencias del Estado a Andalucía habían desaparecido
las antiguas Confederaciones Hidrográficas, decisión que en opinión de muchos ingenieros y comunidades de regantes era lo más parecido a un disparate, demostrada como estaba su eficacia a lo largo de un siglo. De cómo se recompondrá ahora administrativamente el entuerto, después de haber sido trasferidos funcionarios y medios, es algo que viene a engrosar el lío de atribuciones, a veces dobladas, entre comunidades y Estado.
El Estado de las Autonomías ha demostrado su eficacia a lo largo de treinta años. El progreso económico y social de España debe a su formulación avances sin cuento. Otra cosa es que el rodaje y la práctica hayan ido acumulando ciertos vicios a los que habría que pasar la garlopa. El propio Felipe González ha visto duplicidades innecesarias, funciones dobladas y organismos ya inútiles como es el caso de las diputaciones provinciales.
Por todo ello, esta decisión de TC puede ser solamente el principio de una serie de sentencias (está pendiente la de Extremadura contra Castilla-León por las competencias del Duero), que habrán de tener colofón en una reflexión general sobre la fórmula autonómica para una mejor administración de los recursos del Estado.
El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido una reunión urgente con Zapatero. Se celebrará el lunes, día 21 de marzo, y se tratará sin duda sobre el escaso margen de maniobra entre el Estado y la Comunidad para apurar hasta el máximo la posibilidad de que el Estatuto, su artículo 51, no se convierta en papel mojado. Pero en ningún caso, y en adelante, la competencia sobre el Guadalquivir podrá ser exclusiva de la autoridad andaluza. El legislador debió meditar mejor ese artículo que chocaba frontalmente con el 149 de la Constitución que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre los recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, más claro, agua.
Francisco Giménez-Alemán