Se reabre el espionaje popular en plena víspera de precampaña. Como la mayoría de los asuntos sin resolver, tarde o temprano, casi siempre por sorpresa, vuelven con más fuerza. Tribunales y Política. El revuelo es doble. La nueva sacudida agita el asunto en la Audiencia Provincial de Madrid y en Génova 13, porque ni el archivo de la causa fue justo para las partes, ni los bandos de espías y espiados han resuelto la pugna de poder que subyace. Pero, ¿y si además de política hay corrupción?
Las sospechas judiciales de malversación y espionajes vinculados a contratos turbios viran, ambos, hacia el vicepresidente de Madrid. Ignacio González quiere que el caso se archive y evitar ser protagonista de dos procesos abiertos en los que está involucrado. Uno como número dos de Aguirre y otro como presidente del Canal de Isabel II. Ambos desvelan posibles prácticas que complican su futuro político y el blindaje de la Presidenta. El primero le sitúa como responsable directo del operativo de espionaje. El testimonio de la ex esposa de Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, fue meridiano: «Gamón ya investigaba desde 2006 a Alfredo Prada para Ignacio González”.
La reapertura convertirá la acusación en una declaración judicial y en posibles nuevas diligencias de las que tendría que rendir cuentas. El segundo se instruye en el juzgado 47 de Madrid. En su día no permitieron que IU o PSOE se personaran, lo que no ha evitado que trascendieran capítulos truculentos. Denunció un seguimiento en Colombia con cámara oculta en 2008 y mientras buscaban a los autores saltaron múltiples dosieres. De uno a cinco. Léase: Un extenso informe patrimonial de posibles negocios familiares y contratos; una investigación a su ex gerente – nombrado a propuesta suya – Ildefonso de Miguel; el viaje a Johannesburgo acompañado del presidente de una empresa de seguridad beneficiado por adjudicaciones del Canal y pagado en metálico por González. La explicación: “Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien y tengo factura de ello”.
No como Camps, le faltó decir. ¿Y los 8.000 euros, de qué sueldo público salían que pueda ‘venir bien’ soltarlos en metálico?. En República Dominicana hubo otro encargo allá por 2005, ‘el informe de la Triple A’. La orden partió de Latinoamérica y llegó a Estados Unidos, el objetivo, investigar a González, su entorno familiar y la firma del Canal en Latinoamérica. Sobre cada uno de los espionajes González da tres respuestas: el silencio, el insulto o la amenaza. Tres empresas de detectives no colaboran plenamente con la justicia y se aferran al secreto profesional para no revelar quién les contrató. Todos coinciden, sin embargo, en el motivo: aclarar el cobro de comisiones.
González arremete contra la juez ponente del auto, la magistrada Luz Almeida, por ser hermana de Cristina Almeida, abogada vinculada a la izquierda. Sorprende el desparpajo, porque a la derecha de González está el juzgado número 47. Su titular, Adolfo Carretero, magistrado instructor, es hermano de Agustín Carretero, nombrado por el Gobierno de Aguirre en Consejo de Gobierno gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Nadie ha cuestionado a Carretero por ser hermano del magistrado-político. Es más, nadie descarta que, en cualquier momento, la instrucción deje de favorecer al denunciante González y el juez llame a los implicados del Canal de Isabel II. Según documentos instruídos desde el juzgado, la empresa pública pudo haber contratado a los mismos detectives que luego le espiaron. En definitiva, ambos casos puede abrirse o cerrarse al mismo tiempo. De momento, están abiertos. Y donde puede haber luz, González quiere sombra.
Pilar Velasco