La dimisión de los tres magistrados del Tribunal Constitucional es la piedra que al desprenderse alerta sobre el mal estado general del edificio. Ni hay precedentes, ni guardamos memoria de situación tan bochornosa. Uno de los dimisionarios ha dicho por escrito que «tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado».
¿Secuestrado por quién? ¿Qué más se puede decir para que los señores Zapatero y Rajoy, responsables máximos de la parálisis que afecta y desacredita al TC, se sientan concernidos y renueven el tribunal algunos de cuyos miembros llevan meses en funciones? Se menciona en este apunte a Zapatero y a Rajoy pero sin perder de vista las maniobras de José Antonio Alonso y las réplicas de Federico Trillo. Lo dicho: que procedan ¡ya! sin más dilaciones, a la renovación del tribunal porque cuanto más se demoren más costará restaurar el crédito de la institución.
La judicialización de la justicia va camino de convertirse en la filoxera de nuestra democracia. O cambia el sistema actual de cuotas de partido en la designación de los miembros del TC y del CGPJ o el desprestigio será irreversible. Una justicia politizada, con sentencias previsibles en función de la etiqueta política -real o atribuida- de los magistrados que integran los tribunales, resulta insoportable.
Entre los propios togados se detecta indignación y hartazgo ante el mangoneo de los políticos. Los partidos políticos son cauces esenciales para canalizar las inquietudes de los ciudadanos pero no pueden colonizar todas las instituciones. Desde la temprana hora de la Atenas de Clístenes hasta nuestros días, el sistema democrático ampara y necesita otras instancias e instituciones que actúan como contrapoderes. Contrapesos para evitar o aminorar los excesos o abusos en el uso del poder por parte de los poderosos. De ahí la separación de poderes que sanciona nuestra Constitución. Por decirlo en corto: tengo para mí que ha llegado la hora de resucitar a Montesquieu.
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Fermín Bocos