La reforma exprés de la Constitución planteada por el presidente Zapatero ha suscitado un aluvión de críticas dentro y fuera de las filas del PSOE que afectan al fondo y a la forma de la medida. Las de fondo pueden discutirse, pero las que afectan a la forma son tan de sentido común que son irrebatibles. Si un retoque tan sustancial era tan urgente, por qué no se ha planteado antes. Y si no lo es, qué necesidad hay de abordarlo por un gobierno que vive ya la cuenta atrás y por un parlamento al que apenas quedan días hábiles para afrontarla. Sobre el fondo, la vicepresidenta Elena Salgado se ha apresurado a calmar a los discrepantes con el argumento de que cuando lean la letra pequeña verán diluidas las reticencias. Pero aquí también el sentido común indica que si los artículos que consagren en la primera ley el equilibrio presupuestario son lo suficientemente ambiguos como para contentar a todos quizás lleguemos a la conclusión de que para ese viaje no serían necesarias estas alforjas. Y sólo faltaría que reformemos la Constitución y los mercados sigan atacando.
Pero hay otro argumento más que hace incomprensible esta situación. La Constitución española necesita un lifting desde hace mucho tiempo. Hubiera sido necesaria una reforma para eliminar la inconstitucional preeminencia del hombre frente a la mujer en la sucesión a la Corona, para reconocer la nueva realidad de España en el marco de la Unión Europea, para consagrar las comunidades autónomas ya constituidas y las competencias exclusivas del Estado antes de abordar la reforma de los Estatutos de Autonomía, y para cribar el Título VIII de artículos que con el desarrollo autonómico han quedado ya amortizados. Quizás en el marco de esa reforma, que hubiera requerido un procedimiento pausado y no de urgencia, se podía haber planteado alguna mención al equilibrio presupuestario, pero emprender un procedimiento tan extraordinario sólo para esto último, omitiendo otros aspectos que aguardan desde hace años, es difícil de entender.
Dicho esto, elevemos loas al equilibrio presupuestario – que no necesariamente es déficit cero – , preguntemos a quienes hoy quieren situarlo en el altar mayor de la legislación por qué no se aplicaron antes en su cumplimiento desde sus respectivos ámbitos de gobierno, y roguemos para que si llega a consagrarse en la ley fundamental no sirva de corsé ni de pretexto para aplicar la tijera al gasto social con una mano mientras con la otra se esgrime la Constitución.
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Isaías Lafuente