Son de todos conocidas las prácticas de riesgo del sector bancario nacional en el sector inmobiliario en los últimos años. Esas prácticas llenaron de activos inmobiliarios a una gran parte de la banca española, la cual, no ha reconocido en sus estados financieros la verdadera valoración de los mismos al día de hoy.
También sabemos que numerosas entidades han sido regadas con dinero público con el objetivo de alcanzar un requisito de capital mínimo y de tapar, en alguna medida, el agujero generado por el sector inmobiliario. En concreto se habla de 7.551 millones procedentes del FROB, de los que un 75% se financia con fondos de los Presupuestos Generales del Estado.
Además en estos días hemos conocido las indemnizaciones y prebendas por valor de más de 50 millones de Euros, pagadas con el dinero de todos, a determinados directivos de cajas de ahorro rescatadas e intervenidas, que han servido para premiar su mala gestión.
Todos estos hechos han sido llevados a cabo bajo la supervisión del Banco de España y de su Gobernador D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez que parece haber aplicado la misma política que el gobierno de la nación, es decir, seguir adelante como sea un año o dos más de crisis, porque en ese tiempo Europa volvería al crecimiento y nos sacaría del embrollo.
El problema es que los hechos no han ido por ese camino y hoy una gran parte de la banca española se encuentra en su balance con activos sobrevalorados a los que intenta dar salida como puede y en muchos casos utilizando las malas prácticas del pasado reciente.
Si, además, a todos estos hechos les unimos las dudas sobre la cobrabilidad y valoración real de la deuda soberana que atesora nuestra banca y lo aderezamos con incrementos de la morosidad impulsados por el desempleo y la mala situación económica, hacen pensar que la reestructuración del sistema financiero español no está llegando a su final sino a su comienzo.
Se entiende que es por lo que desde el sector bancario se ha pedido recientemente al Partido Popular la creación de un banco público, que financiado por el FROB y el ICO, se hiciese cargo de los activos inmobiliarios que les han sido adjudicados, dando salida a estos activos en ese banco público en el largo plazo. Con esta forma de actuar se limpiarían los balances de los bancos y se eliminarían operaciones que no les aportan resultados y que ya no tendrían que seguir financiando.
A mi modo de ver, el gran problema es el precio al que serían transmitidos esos activos inmobiliarios al banco público, ya que por un lado un precio muy bajo generaría pérdidas al banco transmisor y por otro lado, un precio alto generaría pérdidas en el bolsillo de todos los españoles, ya que imposibilitaría la venta de esos activos. Además cabría hablar de las compensaciones que el sector bancario debería aportar a la sociedad de este país en un futuro ya que no hay ninguna duda de que está siendo un sector privilegiado como ninguno por las ayudas públicas, que son de todos los españoles.
En cualquier caso y sea cual sea la solución que se adopte, ésta pasa por reconocer la realidad en los balances de las entidades y evidenciar la verdadera situación de las mismas, que es justo lo contrario de lo que han hecho hasta la fecha el Banco de España y su Gobernador.
Esperemos que al final se encuentre una solución eficaz y justa que sanee las entidades sin cargar el peso de la solución sobre el bolsillo de los contribuyentes que es lo que casi siempre acaba sucediendo.
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José Luis Martín Miralles