La televisión autonómica se ahoga. Se acumulan recortes en los presupuestos, denuncias de mala gestión, sueldos abusivos y partidismo. La televisión pública sigue sufriendo el huracán del debate político, pero nadie parece dispuesto a realizar una reflexión seria para definir un nuevo servicio público en la era digital, sostenible, de valor social y tapando de una vez el tubo de escape de la máquina de propaganda. La crisis de las autonómicas amenaza a un sector audiovisual muy dependiente del dinero público.
Los sindicatos denuncian el control político de Telemadrid con el presunto acceso al sistema de edición de la cadena del presidente del Consejo de Administración, Manuel Soriano, como hace poco intentó el Consejo de RTVE en una censura política contestada por profesionales y ciudadanos. La deuda de la televisión autonómica madrileña asciende a 245 millones de euros entre acusaciones de despilfarro, sueldos abusivos y falta de transparencia.
La radiotelevisión pública vasca (EiTB) reducirá su presupuesto para 2012 en un 8,4%, hasta 132 millones de euros, y reducirá su plantilla en más de un centenar de trabajadores para quedar por debajo del millar. El gobierno vasco entierra el contrato programa actual para fijar año a año la aportación pública a la cadena.
En Asturias la crisis se ha desatado por la negativa del gobierno de Álvarez Cascos a pagar los 11,3 millones de euros pendientes de transferir a la televisión autonómica, que cuenta con un presupuesto de menos de 37 millones de euros y una aportación del gobierno asturiano de 32,3 millones. La Radio Televisión Pública del Principado (RTPA) ha recibido 147 millones de los fondos públicos desde su fundación en 2006.
La presidenta María Dolores de Cospedal anuncia recortes de un 20% para la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Pero no se ha recatado en los habituales cambios políticos en su dirección para colocar a periodistas y ejecutivos de confianza.
El PP ha redoblado su ataque contra Televisión Española a medida que se encona la batalla electoral mientras el PSOE hace bandera de las reformas de gestión y financiación en la Corporación RTVE, pero sobre todo en un aumento de su independencia refrendado por la audiencia, especialmente en los informativos.
Las 13 televisiones autonómicas engordan la factura audiovisual pública sin que la mayoría de ellas lo justifiquen en audiencia ni por el servicio público de su programación. Suman más de ocho mil empleos y tienen un presupuesto anual de 1.600 millones con más de ochocientos de ellos de fondos públicos. Sólo en 2009 perdieron más de 1.500 millones de euros. Según datos de Uteca, la patronal de las televisiones comerciales, el coste por hogar sería de 105 euros al año frente a los 34 euros de RTVE.
Han contribuido a crear un gran entramado audiovisual, pero el modelo no garantiza su sostenibilidad ni su descentralización. Las productoras audiovisuales de cine y TV facturaron 2.062 millones de euros en 2009 y dieron empleo a casi 13.000 personas, pero el 78% de ese negocio se concentra en Madrid y Cataluña. La exportación de programas de televisión sólo alcanzó los 42,7 millones de euros en 2010, según la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE).
La televisión autonómica parece insostenible. En su crisis anida el control político, los problemas de gestión, la superabundancia de canales con la TDT, los contratos a productoras amigas o a grupos de comunicación cercanos, pero también un fracaso en la consolidación de un sector audiovisual excesivamente dependiente del dinero público.
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Juan Varela