Resulta que en la Comunidad valenciana, gobernada por el PP, se están dando casos singulares de cómo administrar el dinero público en tiempos de escasez y recorte del gasto. Tan pintorescos son que podrían formar parte de una antología del disparate si no estuviéramos hablando de derechos fundamentales como la educación.
Puestos a recortar el gasto en la enseñanza pública, los populares valencianos han aprobado un artículo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012, por el que se ceden bienes públicos (que pueden ser edificios o suelo) para centros privados sostenidos con dinero de todos. Es decir, que como no hay dinero, ya no se van a hacer más colegios públicos, simplemente se va a ayudar a la privada concertada a que haga negocio. Lo han denunciado los sindicatos UGT y CCOO porque la oposición, socialistas y demás grupos, están en este tema como en tantos otros: a verlas venir.
Como, además, el PP valenciano no puede echar las culpas de su mala situación económica y del déficit extraordinario que acumulan sus cuentas a nadie más que a ellos mismos, no saben por dónde meter tijera a su gasto desbocado por tantos fastos como acompañaron los mandatos de Camps.
Eso sí, a lo hecho pecho, y un aeropuerto como el de Castellón sin hurones y sin halcones se puede convertir en el hazmerreir internacional. Lo de menos es que no tengan aviones; que nunca haya despegado ni aterrizado un pasajero en sus pistas; que no figure en ninguna planificación de ruta de ninguna compañía aérea. Eso es irrelevante. ¿Pero no tener hurones?
Por eso, llevados de su celo y del sentido de la responsabilidad, sorteando las dificultades presupuestarias que obligan a los ciudadanos a apretarse el cinturón, se ha convocado una licitación para contratar un servicio de «desalojo de aves y fauna terrestre que puedan presentar peligro para el vuelo de las aeronaves». La cantidad es golosa: 456.521 euros. A cambio deberán tener operativos durante tres años a ocho hurones legalizados y registrados (se entiende que no pueden ser unos sin papeles cualquiera) y ocho aves. Pese a que ningún avión corre, de momento, peligro, puesto que siete meses después de su inauguración por Camps y Fabra el aeropuerto está vacío, los hurones legalizados y las aves pudiendo servir de distracción al director de las instalaciones que cobra un salario de ochenta y cuatro mil euros anuales por mirar al cielo.
Eso se llama administrar: los niños a la privada y los hurones corriendo por las pistas vacías. ¡Que imagen!
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Victoria Lafora