La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Pilar Fernández Bozal, ha puesto sobre la mesa uno de los lastres que pesan sobre la justicia y sobre la economía española. Dice la consejera que sólo con reducir a la mitad el tiempo de resolución de los procedimientos concursales -que duran una media de tres años- el ahorro directo o indirecto sería de entre 110 y 135 millones de euros. Eso sólo en Cataluña. Si ustedes extienden la idea a toda España nos ahorraríamos cientos de millones. Sólo con ese ahorro en Cataluña y en Madrid, se pagaría todo el gasto de la Justicia gratuita de todo un año en toda España. ¿Y eso cómo se consigue? Pues invirtiendo en la modernización de la Justicia, que pese a los avances en estos últimos años, sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia y del Estado de Derecho. Se habla mucho de sanidad y educación, pero sin una justicia ágil y eficiente, que garantice los derechos de los ciudadanos, el Estado del Bienestar y el Estado de Derecho sufren más de la cuenta.
Es decir, se puede ahorrar sin recortar servicios sino haciendo que estos funcionen como deben. En términos económicos, entre enero y junio de 2011, el total de las cantidades reclamadas en los asuntos interpuestos en Cataluña suponen un valor de unos 55.000 millones de euros. En el mismo período se han resuelto asuntos por importe de unos 15.000 euros, es decir, que hay 40.000 millones, que afectan a miles de personas, que siguen pendientes de una decisión judicial que no se sabe cuándo se producirá. Es, más o menos, el 20 por ciento del PIB catalán de 2010. Hagan las cuentas de lo que eso significa en toda España. Esa inseguridad jurídica tiene un terrible efecto pernicioso sobre las personas, sobre posibles inversiones y sobre el conjunto de la economía. En tiempos de crisis, es imperdonable estar perdiendo dinero por los agujeros negros de la justicia.
No hay que gastar en Justicia, hay que invertir. Gane quien gane las próximas elecciones, se necesita un pacto de estado por la Justicia, porque no sólo la educación o la sanidad son importantes, por más que la justicia no cuente mucho en los mítines o en los programas de los partidos. Es necesaria una Justicia que ponga en el centro de sus objetivos a los ciudadanos. Nos jugamos mucho. Y si se ha podido hacer con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social se tiene que poder hacer con la Justicia. Además de un problema de derechos, es un problema para la economía en su conjunto. El retorno económico y social de una Justicia moderna es mucho mayor que la inversión necesaria para acabar con los legajos y entrar, de verdad, en el siglo XXI.
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Francisco Muro de Iscar