La vida enseña que quien paga manda, pero una cosa es mandar y otra intentar humillar. Algo de eso, o para ser exactos: mucho de eso, apareja el último y, a mi modo de ver, intolerable comunicado de la agencia de calificación «Fitch» emplazando a Mariano Rajoy, futuro presidente del Gobierno, a modificar leyes y normas laborales españolas. Siendo el cometido de este tipo de empresas elaborar informes de situación, aportar análisis y facilitar pronósticos acerca de la evolución de la economía de un país, una región o un banco, sorprende, por no decir que ofende, semejante osadía.
Está claro que este tipo de agencias, la citada «Fitch», y sus gemelas de partida; «Standard & Poors» y «Moody’s», están crecidas. Tanto como para atreverse a amenazar con rebajar la solvencia de países como Francia (especularon con degradar su «triple A») o para desestabilizar a Italia o intentarlo con España omitiendo el «pequeño detalle» de que acabamos de celebrar unas elecciones, el Gobierno y su Presidente (Rodríguez Zapatero) están en funciones y el electo (Mariano Rajoy) todavía ni ha tomado posesión de su acta de diputado. En un mercado globalizado, con una economía libre y con las nuevas tecnologías facilitando al instante todo tipo de información, el eco que genera determinado tipo de mensajes -caso del comunicado de la mencionada agencia-, es tremendo. Y, en este caso, lesivo para los intereses de un país centenario y serio como lo es el Reino de España.
La urgencia, la prisa rayana en la histeria, con la que este tipo de mercancías informativas imponen a los actores políticos, no es de recibo. Es una presión insoportable. Los mismos que fallaron estrepitosamente calificando de óptima -y por lo tanto- de fiable la solvencia financiera de «Lehman Brothers» el día anterior al desplome de este banco, son quienes le quieren dar ahora lecciones al futuro Jefe del Gobierno de España. ¡Qué descaro!
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Fermín Bocos