Dejó dicho Homero que los dioses, cuando quieren perder a los hombres, les vuelven ciegos. Ciegos de meollo, no de vista. En esa fase parece estar el Duque de Palma a juzgar por el comunicado de prensa en el que dice lamentar profundamente -por el daño que están inflingiendo a la Casa Real- los comentarios e informaciones aparecidas en la prensa al hilo de la deriva judicial que investiga sus negocios y andanzas fiscales. Iñaki Urdangarin «lamenta los comentarios», no sus actuaciones (en busca de generosos patrocinadores y suculentos patrocinios) que son la base de las informaciones periodísticas publicadas a raíz de las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Como ciudadano de quien se publican noticias que incluyen la conjetura de una posible imputación por presuntos delitos relacionados con sus actividades empresariales y fiscales tiene derecho a reclamar justicia y a conocer oficialmente de qué se le acusa y si lo publicado -filtraciones de un sumario que, sobre el papel, debería ser secreto-, se ajusta al contenido de la indagatoria judicial.
Al igual que al resto de los españoles, le asiste la presunción de inocencia. Pero a nadie se le escapa que en este caso hay algo más. El ciudadano Urdangarin es yerno del Rey, está casado con la Infanta Cristina y, en consecuencia, su conducta en tanto en la vida pública como en la privada está sometida al escrutinio de la opinión pública. En el siglo XXI y en el marco de una Monarquía Parlamentaria en la que el Rey reina, pero no gobierna, más que en la Historia y en la Constitución, los privilegios y prebendas de los miembros de la Familia Real se sustentan en la ejemplaridad. Si desmerecen en el plano de lo simbólico, dañan su razón de ser y arruinan uno de los fundamentos sobre los que se justifica la existencia misma de la Institución. Eso es lo que parece no haber comprendido el ciudadano Iñaki Urdangarin. A eso me refería, al hablar de ceguera.
Fermín Bocos