Casi no nos ha dado tiempo a digerir el caso Urdangarín y hay que prescindir de él para hacer hueco a la recuperación de la red corrupta de Andalucía, por una denuncia que habla de la comprar de cocaína con dinero público y para dedicarle un poco de atención al comienzo del juicio de Jaume Matas, también por corrupción y enriquecimiento ilícito. Es lógico que los ciudadanos vivamos bajo la sensación de que en este país se puede robar con cierta impunidad. A eso contribuyen enormemente todos estos casos de corrupción de cargos públicos que vivimos día tras día. Tanto es así que es preciso dejar de hablar de uno porque otro nuevo necesita páginas en los periódicos y minutos en la radio y la televisión. Se superponen unos a otros con pocos encarcelados durante el tiempo que ocupan los titulares en los medios de comunicación. Se tiene la sensación de que se puede robar sin que pase nada, más allá del daño que se les pueda hacer por su protagonismo en la difusión pública. Algunos entran en prisión años más tarde pero ya nadie se acuerda de quienes eran ni los delitos cometidos. De ahí que la justicia necesite ser, además de justa, más rápida, más cercana a la comisión del delito.
Pero no es la justicia lo que pretendemos criticar en estos renglones, sino la corrupción. Un delito que los ciudadanos aplican, casi siempre, a los políticos y que les hace un daño irreparable. Y más en épocas de crisis como estas en las que nos obligan a recortar nuestros presupuestos, a apretarnos el cinturón, mientras otros se están llevando a su casa montones de billetes con los que se compran coches, casas y hasta palacetes, gracias a ese dinero que nos roban a todos. En estas épocas de restricciones, los ciudadanos estamos más sensibles a los abusos de esos ladrones de guante blanco que se incorporan a la política y la empresa, no con la intención de servir a la sociedad, sino de servirse de ella para ampliar sus arcas personales. Esos que todos los días tienen su hueco en las páginas de los periódicos y que irritan especialmente a los lectores. Son los corruptos. Gentes si escrúpulos que se aprovechan de los huérfanos de guardia civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las empresas, de las asociaciones culturales sin ánimo de lucro y, sobre todo, de los cargos de confianza en las Instituciones. Los corruptos y sus andanzas, que leemos con curiosidad cotidiana, tienen mucho que ver con que los ciudadanos tengan como tercera preocupación el comportamiento de los políticos. Son los culpables, en gran medida, de que se prescinda de diferenciar a unos políticos de otros con aquella frase, poco reflexiva y superficial, pero que corre por las barras de los bares de: “todos son iguales”.
No puede haber tolerancia de ningún tipo, ni disculpas, ni protección alguna. La corrupción ha de ser tratada con desprecio, con el aislamiento, con el cese fulminante del cargo que ocupe y, por supuesto, con el castigo que marque la justicia, finalmente. La amistad no tiene hueco en este comportamiento. El corrupto no puede sentir el más mínimo apoyo, venga de donde venga. Y da igual que sea por unos trajes, por el desvío de fondos a empresas particulares o por la apropiación de dinero público para comprar droga. Es lo mismo, el corrupto ha de ser apartado de su cometido al primer síntoma. Ya estamos hartos de oírlos decir que tienen la conciencia tranquila, que no han hecho nada y que su deseo es dejar actuar a la justicia. Mienten, su intención es poner trabas, entorpecer la investigación y buscar una salida aprovechando la lentitud y la tardanza de las decisiones judiciales. Siempre es igual. Y mientras tanto seguimos enterándonos de más implicaciones que siguen creciendo cada día en las páginas de los periódicos.
Los partidos, los sindicatos, los empresarios y cualquier organización que tenga el más mínimo contacto con los corruptos, está obligado a poner el caso en manos de la justicia. Sin piedad. Todos tenemos derecho a saber, a conocer, a descubrir a aquellos corruptos que viven entre nosotros con la intención de saquearnos.
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Pedro Fernández