Imagino al menguado cuerpo electoral socialista desconcertado ante las dos iniciativas que el partido al que votaron ha tomado en la última semana. La primera, la de apartar a Alfredo Pérez Rubalcaba del debate parlamentario en el que el Congreso de los Diputados discutió el decreto de medidas económicas extraordinarias presentadas por el gobierno. Cualquier ciudadano medianamente informado ha oído, visto y leído cómo el líder del principal partido de la oposición ha hecho una enmienda a la totalidad al paquete de iniciativas en diferentes medios de comunicación, pero no ha tenido ocasión de verle defender sus ideas, en nombre de sus votantes, en la tribuna parlamentaria porque el partido lo ha creído conveniente para mantener la neutralidad del aparato ante el congreso que elegirá al nuevo secretario general. Si poner los intereses del partido por encima de los generales no es la mejor forma de acercarse a los ciudadanos que les mostraron su apoyo en las urnas, difícilmente cabe pensar que sea la mejor estrategia para recuperar la confianza de quienes no lo hicieron.
La segunda se refiere a la posición que la dirección del partido ha mostrado frente a un posible debate público entre los dos aspirantes que de momento han presentado su candidatura para el próximo congreso. Carme Chacón manifestó el miércoles su deseo de celebrar ese debate y Alfredo Pérez Rubalcaba dijo al día siguiente no tener problema en hacerlo porque «se pasa la vida debatiendo». En esa tesitura, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha dicho que no lo cree conveniente para no reducir el debate sobre el futuro del partido a una contraposición de candidatos y para no restar protagonismo a los militantes. Si hasta ahora el refranero nos recordaba que dos no discuten – léase debaten – si uno no quiere, a partir de ahora habrá que decir que dos compañeros de partido no debaten, aunque los dos lo deseen, si el partido no quiere. ¿No quería caminar el PSOE hacia un modelo más abierto, más democrático y más transparente? Pues parece mentira que la primera medida sea esta. La confrontación pública de ideas es un derecho que tienen los dos candidatos, los militantes que decidirán su futuro, pero también el resto de los ciudadanos que, entre otras cosas, financian a los partidos con sus impuestos y les dan o les quitan el poder con sus votos.
Sólo hay una razón objetiva que podría suscribirse. Según los estatutos del PSOE cualquier militante socialista puede presentar su candidatura hasta la víspera del congreso. Pero solventar ese escollo no parece muy difícil: fíjese una fecha próxima al cónclave y así, si alguien se lo está pensando, sabrá a qué atenerse y apurará los plazos, si es que quiere debatir.
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Isaías Lafuente