Soy lego en la materia, y no me voy a apoyar en la Ley de Represión de la Usura de 1908, conocida como la Ley Azcárate, pero creo que está vigente, y puede observarse por nuestra jurisprudencia, que si se supera en 2,5 veces el interés legal hay usura, y el límite es el 13,75%. Repito que soy un ignorante, pero tengo entendido que si se superan estas fronteras, es decir, si se llega a la usura, se acepta la nulidad de contrato y sólo existe la obligación de devolver lo recibido sin intereses, aparte de la multa que, por usurero, debe pagar el prestamista.
Vuelvo a repetir mi condición de analfaleyes, pero la jurisprudencia se basa en las sucesivas sentencias, de la misma manera que la costumbre iterada y repetida se convierte en Derecho. Y si ello es así, estaríamos ante un panorama de usura consentida por gobiernos y jueces, o ante una clamorosa dejación de derechos ante la actuación de los usureros. Y los usureros no son esos viejos repugnantes de Dickens, en una covacha, que acumulan riquezas a través de las necesidades de los demás, sino bancos de facha impecable y consejo de administración repleto de personas que se consideran honorables, cadenas de tiendas de electrodomésticos que prestan financiación con porcentajes abusivos, grandes superficies de alimentación y otros productos que prestan lindando la rapiña, y entidades de crédito, cuyo nombre por esta vez me guardo en el ordenador, que prestan a más del 24% y más del 30% en los llamados créditos rápidos.
Los empingorotados bancos que, de vez en cuando, se sirven de nuestros impuestos del IRPF para no quebrar, cobran unos intereses de demora que no es que rayen, es que son usura en estado puro, mientras los gobiernos, sean de izquierdas o de derechas, callan y se hacen cómplices de un delito que está reflejado en nuestras leyes. Una vergüenza que sufrimos con una mansedumbre que me espanta tanto como la anuencia del Banco de España y del Gobierno, que parecen encubridores de los usureros.
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Luis del Val