El jurado popular, seis hombres y tres mujeres, ha decidido que Francisco Camps Ortiz, ex presidente de la Generalitat Valenciana, es inocente de un delito continuado de cohecho impropio. Cinco votos a favor, cuatro en contra.
La verdad es que este resultado, por esperado, ya no tiene más valor que el personal.
El gran valor político Camps lo perdió en condenas de telediario y primeras páginas de diarios partidistas y sectarios que le condenaron hace mucho tiempo por culpa de jueces que permitieron que se filtrasen secretos del sagrado sumario.
No había pruebas. No había nada. Pero el PSOE y su acorazada mediática lo condenaron sin juicio. Simplemente, porque conseguía mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana y era un enemigo a batir.
Poco importaba que el valor de los trajes fuera irrisorio o que no se pudiese probar que Camps no los pagó. Se invirtió la carga de la prueba, cargándose un principio fundamental del derecho, y quien tenía que probar que los había pagado era Camps.
Toda una locura legal.
Ahora se ha comprobado con la declaración de “no culpable” del jurado.
Pero como digo esto ya sólo tiene un valor personal. El valor político es irrecuperable. Lo perdió Camps cuando no tuvo más remedio que dimitir.
Francisco Camps es un mal político. Un político nefasto, diría yo, que ha llevado a la próspera Comunidad Valenciana a la ruina, pero no es culpable de lo que el PSOE y su acorazada mediática lo condenaron.
La pregunta es ¿y ahora qué? ¿Quién le paga a Camps el dolor causado?
Creo que a las reformas que el Gobierno de Rajoy quiere llevar a cabo en el sistema judicial le falta una: la inmediata restitución moral.
Ya sé que es muy difícil cuantificar el dolor causado pero pienso que algo habría que hacer para que los falsos acusadores no se fueran de rositas. Ni en éste ni en ninguno de los casos parecidos a éste. Porque el proceso de restitución actual es largo y tortuoso. Tanto que, si se llega a llevar a cabo, es inútil. Y eso es una injusticia.
Pinocchio