El Gobierno parece decidido a remover algunos de los cimientos de nuestro actual entramado jurídico. Con pocas horas de diferencia, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Gallardón han anunciado algunas de las reformas que van a emprender de inmediato y que algunas son realmente controvertidas. Pero vayamos por partes. La Justicia española arrastra un «sambenito» el de estar politizada. ¿Lo está? Porque esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que al menos lo parece.
En los últimos años desde el PP se ha abogado por modificar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora su elección se hace por el Parlamento y, en principio, ese método de elección es el más democrático, pero hay que reconocer que los propios partidos tienen parte de culpa en esa imagen de politización de la Justicia porque a veces tardan meses, o como en el caso del Constitucional años, en ponerse de acuerdo para elegir a sus miembros. También es verdad que dependiendo de la composición del Consejo o del Constitucional es fácil prever sus decisiones, lo que viene a aumentar la idea de que los elegidos para esos órganos son correas de transmisión de los partidos. Claro que siempre hay excepciones que rompen la regla, y hay personas que más allá de su ideología deciden y actúan con independencia, pero justo es reconocer que son los menos. De manera que en principio tiene una ventaja la decisión del Gobierno de que sean los propios jueces quienes decidan quiénes van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Esa ventaja es la que dará la idea de despolitización de la Justicia pero… ¡ay! el quid de la cuestión es que la Justicia adquirirá tintes totalmente corporativistas y el corporativismo tiene también desventajas. O sea que a corto plazo todo el mundo estará contento pensando que la Justicia se va a despolitizar pero luego llegarán los inconvenientes cuando empiecen a aflorar los males del corporativismo.
La vicepresidenta también ha dejado dicho que el Gobierno piensa volver a introducir el recurso previo de inconstitucionalidad. Y la verdad es que a mi juicio nos habríamos librado de muchos problemas y sobresaltos si ese recurso nunca hubiese sido derogado.
Pero hay otras reformas que sin duda provocan inquietud. Por ejemplo, la anunciada por el ministro Ruiz Gallardón ante la Comisión de Justicia del Congreso de estudiar la puesta en marcha «las penas de prisión permanente revisable». O sea la cadena perpetua pero dicho de manera más amable. Según Ruiz Gallardón estas penas de «prisión permanente revisables» existen en todas las legislaciones europeas salvo en dos países, entre ellos España. Y la verdad la sola idea provoca sobresaltos. La cadena perpetua, se denomine como se denomine, está fuera del espíritu y la letra de nuestra Constitución.
Otra reforma anunciada por Ruiz Gallardón es la de la Ley del Menor, y ahí sí que va a encontrar al menos consenso social. De la misma manera que la sociedad también le va a seguir en la modificación de la Ley del aborto en el apartado que se refiere a las menores. Dice el ministro que las menores no podrán abortar sin el permiso de los padres. Sin duda en una situación tan dramática como es abortar parece de sentido común que los padres estén al menos informados de la decisión de su hija, otra cosa es que, además, esta necesite su autorización, pero qué menos que los padres, que tienen la responsabilidad de la menor estén informados de algo que les afecta.
Julia Navarro