Entre los que brindan por el defenestramiento del juez Garzón, y entre los que aducen para argumentar su brindis que el fin no justifica los medios, los hay, y no pocos, que justifican la sublevación del 36, y la guerra y el horror subsiguientes, por el supuesto fin que perseguía, al parecer «salvar a la patria». Uno no sabe bien, en verdad, cómo se salva a una patria de las catástrofes reales o imaginarias, pero sí cómo se la hunde en la miseria: mediante la guerra, la violencia, la erradicación del otro, y, en la paz, mediante la abolición de la Justicia que la mayoría entiende como verdadera, limpia, ecuánime, igualitaria y justa.
Entre los que brindan con el champán de una complacencia mal disimulada por el castigo a Garzón, se esgrimen éstos días toda clase de tópicos creados para la ocasión, que no es otra que la de la demonización absoluta del juez que combatió con valentía y eficacia al narcotráfico, a la corrupción política, al terrorismo y a los sátrapas del mundo. Por un quítame allá esas escuchas telefónicas, ordenadas legalmente por quien podía ordenarlas, a unos presuntos hampones que aún podían seguir lesionando de gravedad los intereses de España y de los españoles, a ese juez le quitan de enmedio sus pares, que no sus iguales, en el curso de algo muy parecido a un Auto de Fe. Como si no se quisiera correr el albur de que saliera absuelto en los otros dos procesos que se le siguen, promovidos igualmente por la ultraderecha, todo el peso de la Ley, pero no de la Ley en la que creen y confían las personas, ha caído sobre él, y, de inevitable rebote, sobre las aspiraciones generales de dignidad y justicia.
Qué vergüenza. El sentimiento de desamparo de buena parte de la sociedad española es, tras conocerse la primera sentencia del Supremo, brutal, tanto como el escándalo suscitado por ella en las naciones democráticas. Nunca, desde el término de la tiranía franquista, hubo tanta distancia entre el pueblo y la Justicia. Nunca ésta, desde entonces, había ido tan lejos.
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Rafael Torres