Ya dijo Mariano Rajoy que este iba a ser un año malo para el empleo. Lo sabía con conocimiento de causa. Este viernes se ha aprobado una nueva reforma laboral que facilita el despido barato, barato.
Se ha hecho en forma de Real Decreto, sin que los sindicatos y los pocos españoles que todavía tienen trabajo, conocieran el alcance del recorte de derechos al que se van a enfrentar de ahora en adelante. No se ha hablado con las centrales sindicales, ¿para qué? si la parte contratante, la patronal, está que no cabe en sí de gozo.
Por fin tienen las manos libres. Ya no necesitarán autorización administrativa para hacer un ERE, bastará con que tengan pérdidas actuales o previstas, o simplemente una disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos para poder despedir a su antojo, de forma procedente, y con veinte días de indemnización por un máximo de doce meses.
Dice la ministra del ramo que se ha pretendido acabar con la dualidad de los fijos y sus cuarenta y cinco días y los temporales. ¡Vive el cielo que lo han conseguido!: ahora todos los trabajadores tendrán la misma precariedad en el empleo y se verán en la calle con dos perras.
Como solo hay cinco millones de parados en este país, el Gobierno del PP ha decidido que, no pudiendo contentar a todos, por lo menos tener a favor a los empresarios que son los que tienen dinero y les votan siempre. Los asalariados son muy desagradecidos, ya se sabe, e igual que les han dado la mayoría absoluta en noviembre, se cambian de chaqueta y votan a la izquierda en la próxima cita electoral.
Seguramente, con este lío en el que vive inmerso el presidente del Gobierno, se ha olvidado de que es la segunda promesa, de calado, que incumple antes de celebrar los cien días en el cargo. Precisamente el catorce de septiembre, en unas declaraciones a Tele 5, el propio Rajoy afirmó categórico que el PP no pretendía abaratar el despido sino, más bien al contrario, promover que el contrato indefinido «sea la regla general». Se refería seguramente a la indefinición en la que van a vivir, a partir de ahora, los que gozan de una nómina: ninguno va a saber cuánto le va a durar el empleo a la vista del decreto sobre los despidos de saldo.
Queda el consuelo de que los parados, que cobran una prestación porque cotizaron para ello, no van a estar mano sobre mano. Van a tener que realizar «servicios para la comunidad». Gratis et amore, eso sí. Ya lo dijo Ana Botella; que todas las instituciones cerradas por el despido de sus empleados podrían abrirse con «voluntarios» que así devuelven lo que la sociedad les ha dado.
Antes de legislar sobre el «trabajo forzoso» se puede acometer la reforma de la jornada laboral; volver a las catorce horas diarias o autorizar el trabajo infantil, a partir de cuatro años. Y más vale no seguir dando ideas porque la derecha es insaciable en su afán de proteger a los más débiles.
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Victoria Lafora