Solo la mar dice cuando un barco es bueno y será el tiempo -un año, tal vez algo más- quien dirá si la reforma laboral será capaz de crear empleo cortando la sangría que nos ha llevado a los más de cinco millones de parados que hoy tiene España. El Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con inusitada celeridad una de sus promesas electorales: reformar la legislación laboral, pero al hacerlo ha incumplido otro de sus compromisos políticos: no abaratar el despido.
En los meses previos a las elecciones, Rajoy y con él Montoro y el resto de los dirigentes del PP se cansaron de decir que si el PP llegaba al Gobierno «nunca» abarataría el despido. Lo han hecho. Con la entrada en vigor de las medidas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros, un empresario podrá prescindir de un trabajador teniendo que indemnizarle sólo 33 días por año trabajado (antes era 45) y si el despido se produce en razón de que la empresa lleva tres trimestres sin beneficios el despido únicamente aparejará 20 días de indemnización por año. Con la reforma, el centro de gravedad de la normativa laboral, situado hasta ahora en los trabajadores y sus derechos, pasa a ser ocupado por los empresarios al tiempo que los sindicatos pierden poder de intermediación (las empresas pueden descolgarse de los convenios sectoriales) y, por lo tanto, relieve en los procesos de negociación. La reforma y el abaratamiento del despido favorece, sobre todo, a las grandes empresas (sector financiero, empresas de telefonía o medios de comunicación con proyectos de ERE en puertas).
Para dar un paso tan drástico como el que entraña la reforma el Gobierno parece haber interpretado a su favor dos factores ambientales. El primero, el apoyo político masivo obtenido por el PP en las tres últimas elecciones celebradas -apoyo que lleva implícito la laminación, temporal, de la oposición que supone el PSOE. El segundo, y no menos importante: la pérdida de credibilidad y la mengua de seguidores que padecen los sindicatos. En eso debía estar pensando Rajoy cuando se confió al comisario Oli Rhen: «Sé que me va a costar una huelga general…». En fin, la opinión pública es tornadiza. Si la reforma consigue dinamizar el mercado laboral y reduce la sangría del paro, el personal no le pasará factura política al PP. De lo contrario, Rajoy habrá arriesgado demasiado en el envite, la partida cambiará de signo y los electores le recordarán las promesas rotas.
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Fermín Bocos