El Gobierno de Rajoy aprobó un decreto ley en el que fija topes a los sueldos de los directivos de las empresas públicas, quienes de este modo no podrán cobrar más de 105.000 euros de salario fijo, si se trata de grandes compañías, porque en las medianas el tope baja a 80.000 euros y en las pequeñas, a 55.000 euros. El Ejecutivo ya había rebajado las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras que recibieron préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como Bankia, Banca Cívica, BMN, NovaGalicia o Caja España, con un tope de 600.000 euros, seis veces más que en el primer caso. ¿Pero hay realmente primer y segundo caso? Cuando menos es discutible, si nos atenemos a la definición oficial que hace la Unión Europea de una empresa pública. Bruselas considera una empresa pública cualquier sociedad en la que los poderes públicos pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen. En consecuencia, un banco nacionalizado como NovaGalicia podría ser perfectamente una empresa pública.
Las aparentes contradicciones no se reducen al caso ya mencionado. Se supone que el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria también debería modificarse para redefinir el subsector público tras las intervenciones financieras y teniendo en cuenta los criterios de la Unión Europea. Hasta ahora, el Estado definía como compañías públicas las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las entidades estatales de derecho público y los consorcios dotados de personalidad jurídica propia. Traducido a números, según la revista ‘Tiempo’, el Estado, las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos controlaban en 2010 unas ochocientas empresas públicas -otras fuentes hablan de 2.800 e incluso de 4.000- que movían en conjunto alrededor de 35.000 millones de euros al año. Si ahora le sumamos la banca «pública», el número de sociedades apenas aumentaría pero el volumen de negocio se dispararía.
Rebajar los salarios de los directivos de empresas públicas ayuda a la pedagogía del Gobierno para promover la devaluación social que conduce a la caída generalizada de los sueldos, pero en sí misma es una medida de escasa cuantía, que además puede propiciar la marcha de los mejores gestores públicos. En el sector privado también suele haber normas pero con excepciones y, sobre todo, con incentivos.
José Luis Gómez