De ocho a uno. Es el plan del gobierno para garantizar la competencia y simplificar la regulación de mercados como telecomunicaciones, energía, juego, correos o aeropuertos, además del non nato consejo audiovisual. Un solo regulador para ahorrar, argumenta la vicetodo Sáenz de Santamaría, pero también concentrar todo el poder y eliminar obstáculos a las políticas del PP. A veces los ahorros en vigilancia pública son caros para los ciudadanos. Un solo regulador para todos los mercados concentrará mucho poder con menos capacidad de supervisión si su diseño no es transparente, independiente y profesionalizado. Hay razones para la sospecha, los grandes partidos airean constantemente su apoyo a la pequeña y mediana empresa, pero son las grandes compañías las habituales beneficiadas de sus decisiones, precisamente las que más han sufrido la vigilancia de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Rajoy prometió reducir reguladores y reordenar sus competencias. Por ahorro y coordinación. El PP sigue de nuevo el ejemplo alemán animado por la propuesta del propio ex presidente de la CNC, Luis Berenguer. Pero el propio Berenguer advirtió que el principal problema para la competencia, el desmantelamiento del poder de algunas grandes empresas (muchas herederas de los antiguos monopolios) y la defensa de los consumidores está en los políticos: en el Congreso que legisla y en las Comunidades Autónomas, donde se toman decisiones y se realizan contratos a menudo opacos y con privilegios.
El gobierno de Rajoy no sólo busca eficacia y ahorro. Con un solo organismo acapara el poder económico y evita pactos con la oposición para cada consejo. Una sola Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con un presidente y ocho consejeros con mandato de seis años. El PP calcula al menos doce años de poder regulatorio con la esperanza de dos mandados de Rajoy. La sospecha crece cuando se anuncia una recuperación de competencias por los ministerios. La esencia de los reguladores independientes es la contraria: evitar el excesivo poder económico del ejecutivo.
El otro peligro es reducir la regulación ex ante, la que pone condiciones para garantizar la apertura de los mercados, frente a la ex post, que actúa después para restablecer los equilibrios, cuando una gran parte del daño ha sido hecho y es irreversible.
El problema no está en los reguladores. En Europa conviven varios modelos y ninguno es perfecto. En general se prefiere una estructura más liviana que la española, pero manteniendo especialización y descentralización para que nadie, ni regulador ni poderes económicos o políticos, imponga sus intereses.
El PP reprocha a los reguladores falta de libertad en el mercado de la energía, es muy sensible a las quejas de Telefónica y demanda apoyo para la privatización de RTVE y las televisiones autonómicas.
La búsqueda de ahorro y eficacia es loable, pero habrá que estar vigilantes para que una gran autoridad de regulación no acabe maniatada entre los intereses de los gobiernos y los de las grandes empresas. La transparencia en sus decisiones e informes, la profesionalización de sus miembros (porque el regulador único dispondrá de una enorme estructura con direcciones especializadas) y la independencia del resto de poderes es clave.
Necesitamos políticos y cargos públicos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la apertura de los mercados y sectores económicos. Sólo recordar que en la discusión de leyes como la propiedad intelectual no se escuchó a Competencia a pesar de sus críticas al oligopolio de las sociedades de autores o que la CMT no consiguió que se aceptaran sus propuestas sobre RTVE o la regulación audiovisual.
Estrella Digital respeta y promueve la libertad de prensa y de expresión. Las opiniones de los columnistas son libres y propias y no tienen que ser necesariamente compartidas por la línea editorial del periódico.
Juan Varela