Las comunidades autónomas -las ‘autonosuyas’, en el argot de la ultraderecha- siempre han estado mal vistas en ciertos estamentos políticos conservadores y/o jacobinos, que ven en ellas una amenaza para la unidad de España. Suelen ser los mismos sectores que demonizan el federalismo y que se niegan a aceptar que España es un Estado federal, aunque de hecho ya lo sea y se estudie como tal en universidades extranjeras. La actual situación, dominada por un excesivo déficit público, es por tanto un buen momento para quienes quieren poner en evidencia la autonomía política, con la esperanza de poner límites a tanto autogobierno.
Todo ello es lo que explica que se oigan voces según las cuales pudiera parecer que las comunidades autónomas solo derrochan, inmersas en la corrupción. El hecho de que haya casos de irregularidades más que reprochables no quiere decir que pueda generalizarse ni que desde las autonomías no se hagan bien muchas cosas, empezando por mantener en pie la educación y la sanidad; nada menos que los dos pilares básicos del Estado de bienestar en España. Por eso mismo, conviene ser cuidadosos con el ajuste autonómico del déficit, ya que de no hacerse con buen criterio puede derivar en la reducción de servicios sanitarios y/o educativos, la introducción de tasas injustas o el aumento de las jornadas laborales de médicos y profesores, unos profesionales fundamentales para que el país funcione y tenga futuro.
Ahora que está en juego un ajuste adicional de 15.000 millones de euros en las comunidades autónomas y que se mira a los ayuntamientos con lupa, no está demás de constatar que las regiones suelen ser unidades de administración más eficaces y que por eso mismo los Estados europeos, incluso los tradicionalmente más centralistas, como Francia, tienden a la descentralización. Paradójicamente, mientras Europa se hace más grande, sus Estados articulan organizaciones más pequeñas. Convendría no perderlo de vista, porque es lo que ya está ocurriendo.
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José Luis Gómez