Casi cinco mil ayuntamientos de toda España han remitido al Gobierno el importe total de las facturas que deben a sus proveedores que, según se ha calculado, puede elevarse a 17.000 millones de euros. En algunos casos, estas facturas podrían ser la prueba del despilfarro y, en otros, de la mala gestión, pero sea como fuere el pago de las mismas dará un poco de oxígeno a los proveedores, algunos de los cuales han visto, incluso, desaparecer sus negocios debido a la morosidad de la Administración.
El ayuntamiento que más debe a sus proveedores es el de Madrid, que tiene la friolera de 17.000 facturas pendientes, seguido de los de Jerez, Valencia y Zaragoza, pero, en general, todos han gastado mucho más de lo que tenían y por lo tanto la gestión ha sido mala.
Se puede argumentar que los alcaldes, al igual que el resto de los ciudadanos, han vivido unos años locos, de gastos desmesurados, por encima de sus posibilidades y que por lo tanto han sido un reflejo de la cultura del gasto ilimitado, unas víctimas más de la sociedad del consumo, pero eso no es del todo cierto. Aquí estamos hablando de gestión, de buenos o malos gestores y la gestión… sí importa. Miles y miles de alcaldes han gestionado mal las cuentas y por lo tanto la vara de medir no pude ser la misma para todos. Quienes lo han hecho bien, además de recibir el aplauso de los ciudadanos en las urnas, deben tener el reconocimiento de sus propios partidos, pero quienes no han actuado así deberían ser apartados, porque desprestigian las siglas por las que se les eligió.
Soy partidaria de cambiar el código penal y tipificar como delito la conducta de los alcaldes, presidentes de comunidades autónomas o gestores públicos que gasten mucho más que lo que ingresan y dejen facturas sin pagar. Sobre todo porque da la sensación de que de no ser así siempre habrá manirrotos que dilapiden el dinero público con el criterio tan extendido como erróneo de que no es de nadie.
Muchos, muchísimos, han tirado con pólvora del Rey y nuestro dinero ha servido para pagar favores y elaborar una red tan clientelista como vergonzosa. La crisis que ha caído como un tsunami que todo lo arrasa, servirá también para cambiar nuestra forma de vida y quienes tienen que dar ejemplo ante todo son los gobernantes con una acción ejemplar y ejemplarizante.
Lo que ha ocurrido en los ayuntamientos y las autonomías donde se ha malgastado el dinero a espuertas no se puede volver a repetir y los partidos políticos no deben incluir en sus listas a los malos gestores, dando así un ejemplo de las líneas rojas que no se deben cruzar. El balón de oxigeno que ha dado el Estado para pagar a proveedores no es gratis. Los ayuntamientos tendrán diez años para devolverlo con un interés del 5%. ¡Ojalá que en ese tiempo no estemos otra vez igual y todos hayan aprendido la lección! porque sino esto no tiene arreglo.
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Esther Esteban