Dentro de unas horas habrán hablado las urnas y sabremos quienes serán los gobernantes en cuyas manos estará el futuro de asturianos y andaluces. Se cierra así un ciclo agotador de elecciones y cuando las cosas vuelvan a la normalidad los partidos políticos deberán ponerse definitivamente manos a la obra, cada uno en el papel que les ha tocado de gobierno y oposición.
En pleno frenesí electoral y luego congresual ha sido muy difícil, prácticamente imposible, que Gobierno y oposición ventilen los asuntos pendientes que son muchos e importantes. Ya no solo de renovaciones institucionales, que han de ser consensuadas, como el Constitucional o RTVE, etc, sino sobre todo de esos temas de especial interés para los ciudadanos asfixiados como estamos por la crisis.
Mas allá de la sensatez que se les debe exigir a los responsables políticos, ahora más que nunca es necesario el consenso, especialmente si de verdad lo que se quiere es preservar servicios básicos que constituyen la médula espinal de nuestro Estado de bienestar. Aquí hay dos opciones, o seguir con el «y tú más», tan agotador como poco rentable políticamente, o remangarse y ponerse manos a la obra dejando a un lado, en nombre del bien común, las pequeñas miserias partidistas que provocan un hartazgo sin limites.
El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde al anteproyecto de ley de transparencia, una iniciativa de acceso a la información y buen gobierno en la que los ciudadanos pueden colaborar trasladando sus sugerencias al Ejecutivo a través de Internet.
El asunto tiene miga porque, en palabras de Rajoy, la norma lo que pretende «es que la gente sepa en qué se gasta su dinero o que si se enchufa a alguien salga su nombre y apellidos». En definitiva se trata de regular el derecho que tenemos los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y fijar los limites a la actuación y el comportamiento de los responsables públicos. Pero no será solo amagar y no dar, de hacer meras recomendaciones, sino que la vulneración de las mismas dará lugar a infracciones administrativas con las correspondientes sanciones. Podremos tener información de todas las subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma, el Gobierno central así como del sueldo de nuestros políticos, e incluso deberá modificarse el Código Penal para poder sancionar las conductas mas graves que conllevaran penas de inhabilitación.
Dicho así y si finalmente se lleva a sus últimas consecuencias se podrían evitar casos de corrupción similares a los que nos abochornan estos días. La música suena bien pero no es suficiente. Los partidos políticos si quieren que la política deje de ser un problema y recuperar, al menos en parte, la confianza perdida de los ciudadanos deberían consensuar una norma única para delimitar claramente las líneas rojas cuando se trata de casos de corrupción. Deberían tener un único criterio para impedir que los imputados fueran en sus listas y a la mínima sombra de sospecha separar de cualquier cargo de responsabilidad a quienes hayan podido tener una actuación irregular. Si todos tuvieran el mismo rasero las cosas podrían cambiar y se evitaría el espectáculo tan extendido de la viga y la paja en ojo propio o ajeno. Estamos más que hartos de que si la corrupción afecta al propio partido se minimice o se haga la vista gorda, pero si es al contrario la vara de medir sea muy diferente.
Me consta que esta es una iniciativa que se puede estar planeando tanto en el PSOE como en el PP pero es tal el sectarismo acumulado que es muy posible que no vea la luz. ¡Una pena que los partidos sigan sin ver la preocupante deriva a la que lleva mirar solo a su pequeño ombligo político!. Si creyeran de verdad que la tolerancia debe ser cero con la corrupción hace mucho tiempo que los aparatos de los partidos estarían buscando formulas efectivas para combatirla y erradicarla definitivamente y todo lo demás son excusas y milongas.
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Esther Esteban