Vivimos en temporada alta de recortes presupuestarios en razón de una deuda por cuyos intereses habrá que pagar este año cerca de 29.000 millones de euros. Nadie con sentido común debería discutir la necesidad apremiante de reducir el gasto público. Pero, como en tantos otros órdenes de la vida, cuando hay un problema, también suele haber más de una solución. La almendra de la cuestión está en los criterios seguidos para realizar los recortes. En ese registro brotan tantas preguntas como ministerios, pero hay una que emerge por encima de las restantes: ¿por qué han sido las partidas destinadas a la investigación las principales víctimas de los ajustes? La cantidad asignada este año es de 6.397 millones, un 25,5% menos. El tajo es brutal: 2.192 millones de euros menos que en 2011.
Reflexionando sobre la base del poder global de los EE.UU., en una entrevista reciente, Chris Patten, rector de la Universidad de Oxford y antiguo comisionado británico en Hong Kong, decía que «hace 50 años, la mitad de los extranjeros que se doctoraban en los Estados Unidos regresaban a sus países de origen, pero que desde hace cuatro años ya solo regresa el 25%. El resultado de ese proceso es que el 75% de los trabajos y ensayos científicos en los EE.UU. son escritos por extranjeros; también la mitad de los proyectos y empresas estrella de Silycon Valley han sido fundados por inmigrantes. «Esa -concluía Patten-, era la base del poder global americano. No su poderío militar».
Pues eso, tomemos nota. Si no queda más remedio que recortar, lo último deberían ser las partidas destinadas a la investigación. A no mucho tardar, esos cortes obligarán a nuestros científicos a emigrar a los EE.UU. o Alemania. Si la investigación es la llave del futuro, no parece razonable disputar el combate con las manos atadas a la espalda. Esperanza Aguirre cifraba en 48.000 millones el ahorro potencial que aparejaría la racionalización del actual diseño autonómico. ¿Por qué no empezar por ahí? ¿Por qué queremos seguir con la ruina que supone la importación de patentes mientras, alegremente, algunos gobiernos autonómicos mantienen costosas «embajadas» en el extranjero? En el siglo XXI, recortar en investigación, es suicida.
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Fermín Bocos