Es lo que habrá tomado el vicepresidente madrileño en estos últimos 30 días. Después de ocho años, 96 meses o 2.900 días. Escojan la cifra que más les inspire porque es el tiempo que ha tardado Ignacio González en llevarse una denuncia. Mucho. Demasiado en comparación con el tiempo que ha bastado para desmontarlo: Un mes. El mes negro del vicepresidente, tanto como su café. Treinta días en los que le ha dado tiempo a decir, desdecir, negar y contradecir. Todo, menos salir corriendo porque la soga que él solo se puso ya le ahoga demasiado.
Nacho Escolar lo publicó en 2009, fue Ginés López quien contó al PP que “era González y no otro” quien instruyó la adjudicación. Desde que salió a concurso la parcela 124 de Arganda en 2004 –ocho años, 96 meses o 2.900 días-, las sospechas salpicaron a un vicepresidente que supo sacudirse de ‘Gürtel’.
Éstos últimos han sido los treinta días en los que prensa y Policía se han inyectado cafeína con el siguiente resultado: Un dúplex de lujo alquilado en la milla de oro marbellí, un inmueble a nombre de la empresa Coast Investor radicada en el casi paraíso fiscal de Delaware, una sociedad que permaneció dos años inactiva gestionada por el abogado mexicano Rudy Valner, un fiduciario que dice no saber nada del inmueble en cuestión, un colega llamado Enrique Cerezo que también mantiene negocios con el mismo abogado, la negación policial sobre la investigación a González, la confirmación de Interior de dicha investigación calificándola de “ilegal” y el apunte de Anticorrupción y el SUP asegurando la legalidad, la publicación de los documentos de dicha investigación y, finalmente, una denuncia interpuesta por el SUP ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar la dudosa venta que rodea al ático de Guadalmina.
Treinta días de insomnio acrecentados y alentados por otras informaciones que involucran al vicepresidente: La denuncia al Canal de Isabel II por malversación de fondos públicos, el recurso contencioso administrativo contra la adjudicación de Las Ventas a una empresa con 4 millones de euros en deudas, la carta del propio Ignacio González dónde pide al TSJM que sea Enrique Barón quién investigue su seguimiento a Colombia y sus declaraciones previas asegurando que le daba igual quién investigara el caso. Sólo una única victoria para el vicepresidente; la imputación de la periodista Pilar Velasco por publicar el vídeo de su seguimiento. Algo que la propia Asociación de Periodistas Europeos considera “incomprensible”.
Han sido treinta días inmersos en una vorágine de información que ha quedado resumida en la respuesta policial: Investigar quién es el auténtico dueño del piso de Guadalmina. Queda esperar a que la Fiscalía Anticorrupción admita a trámite la denuncia, aunque los hilos de los que tirar ya los tiene subrayados en fluorescente: Podrían haberse producido hechos delictivos en relación con el piso de Guadalmina por el origen del dinero y la ocultación de la identidad del propietario. La adquisición del piso no figura inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente. Tampoco aparece declarada la entrada en el Banco de España, ni el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales ha verificado el correcto movimiento del dinero.
Mientras, la prensa sigue agarrando con fuerza otros hilos de los que cuanto más vaya tirando, con menos aire dejará al vicepresidente. Porque habrán pasado ya 30 días, pero no el oscuro tono de su cronología. Paciencia y cafeína.
Editorial Estrella