Iñaki Urdangarin quien, al poco de estallar el escándalo de los fondos desviados del Instituto Nóos, proclamó su inocencia, ha cambiado de estrategia. Ahora está dispuesto a declararse culpable a cambio de librarse de la cárcel por una módica cantidad. Está dispuesto a pagar un poquito, a pachas con su antiguo socio y ahora enemigo, pero no a devolver todo lo que se llevaron de una supuesta institución sin ánimo de lucro a la que fueron a parar fondos públicos (provenientes de los impuestos de los españoles) de comunidades gobernadas por el PP. La justificación es muy loable: evitar una vista pública de larga duración, dada la cantidad de testigos, para no dañar la imagen de la Corona. La realidad, una vez más, desmiente tan bondadosas motivaciones; su exsocio, Diego Torres, no está conforme con que su esposa resulte imputada en la causa mientras que la mujer de Urdangarin, la Infanta Cristina, no se vea salpicada.
Como resulta que además, en su comparecencia ante el juez, el yerno del Rey le acusó de ser el verdadero cerebro y ejecutor de la trama delictiva, Torres ha empezado a filtrar a la prensa, a través de su abogado, correos en los que Urdangarin relataba las gestiones de la Infanta y el Monarca para «echarles una mano».
El revuelo ha debido ser de tal calibre que se ha buscado, con inusitada celeridad, un abogado de Palma de Mallorca para que tantee al fiscal en busca de un pacto económico. Al parecer Torres podría tener más correos comprometedores que bajo ningún concepto convendría ver publicados. Por otro lado se ha sabido que todos los testigos que han pasado hasta ahora ante el juez desmienten la versión de que Iñaki Urdangarin fuera un convidado de piedra en el entramado de empresas que les permitió desviar fondos a sus cuentas particulares.
Por suerte para el concepto de «iguales ante la Ley», sucede que el fiscal de Palma no está dispuesto a aceptar una propina como canje por el juicio y una más que posible condena de cárcel. Aún así, las dificultades de ambos socios consisten, en este momento, en llegar a un acuerdo sobre quién tiene que pagar más. Y eso, que no se trata de que el yerno del rey se quede en la indigencia y deba vender su palacete de Pedralves para poder devolver los diez millones de euros que ganó con el invento. No; le va a quedar un cuantioso patrimonio pues, entre su socio y él, solo van a tener que pagar, si el fiscal no lo remedia, unos tres millones y medio de euros para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados.
Su benefactor, el expresidente balear del PP, Jaume Matas, también ha conseguido paralizar la subasta pública de su preciado palacete en el centro de Palma, así que los encausados en este asunto no se podrán quejar de mal trato o de persecución con saña.
Si los abogados de Urdangarin y Torres llegan a un acuerdo (porque ellos no se hablan) pagaran la multa. El primero pedirá perdón, reconocerá que se equivocó y… pelillos a la mar.
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Victoria Lafora