Resulta que escondían facturas hasta debajo de las alfombras. Que el cacareado ajuste fiscal de Esperanza Aguirre consistía en no pagar a los proveedores (¡así cualquiera ahorra!). ¿Qué va a decir ahora Rajoy a sus socios europeos a quienes se facilitaron datos falsos?
Con nocturnidad (se supo por la noche) y mediante un comunicado de prensa, se reconoció la gran falacia: las dos comunidades emblemáticas del Partido Popular, Valencia y Madrid (sobre todo esta ultima que dobla la cifra de déficit) habían reconocido unas deudas escondidas que elevaban el dato del Estado hasta el 8,9%.
Ningún dirigente político, ni nacional ni autonómico, salió a justificar esta envenenada ‘herencia recibida’ de los suyos. No dijeron nada tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se llegó, sin embargo, a un acuerdo por el que Cataluña y Andalucía asumen el 44% del ajuste. Griñán, ese que escondía trampas en sus cuentas y que Arenas iba a sacar a luz cuando ganara las elecciones, se plegó por sentido de Estado a apretar más el cinturón a los andaluces.
¿Cómo calificar la actitud del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, supervisor de las cuentas de las autonomías, que llevaba una semana pontificando sobre la necesaria ortodoxia fiscal. Resulta que, como exconsejero de Economía de Esperanza Aguirre, es el responsable de haber escondido las facturas impagadas. A partir de ahora ha perdido la autoridad moral y política para reclamar ningún compromiso. Debería dimitir, pero no va a hacerlo y nadie de los suyos se lo va a exigir.
Va a seguir en su puesto mientras los españoles se privan de más derechos para compensar los cuatro mil millones de euros que Valencia y Madrid han gastado no se sabe en que. Seguramente todos recuerdan como Aguirre le enmendó la plana a Rajoy asegurando que ella no iba a subir el IRPF en Madrid porque, gracias a la magnífica gestión de sus cuentas públicas, no necesitaba infringir ese asalto a los contribuyentes de la capital. Todo mentira.
Convendría que algún responsable de la oposición le preguntara a Montoro si tiene intención de ‘intervenir’ a Madrid y Valencia por falsear sus datos. ¿O es que las amenazas de intervención solo son para las Comunidades donde no gobiernan, o no pueden llegar a un pacto, como Asturias?
En parte se comprende que ningún ministro saliera a dar la cara (la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha convertido en una mera locutora de las noticias del Consejo de Ministros). Resulta muy difícil explicar a su inmenso número de votantes que el principal problema financiero lo han creado Caja Madrid y Bancaja, dos entidades bajo el control de los mismos dirigentes del PP y que ahora se descubre que también hacían trampas con las cuentas.
Solo cabe esperar que nos salve el cambio que exigen Hollande y Obama para la política económica europea.
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Victoria Lafora