Creíamos, porque así lo proclama la Constitución, que los españoles éramos todos iguales ante la ley aunque, la verdad, sospechábamos -la Historia de España es un libro abierto a este respecto- que unos son más iguales que otros. Que hay a quienes se les perdona lo que para al resto supone carga.
Y no hablo sólo de casos flagrantes de injusticias perpetradas por algún tribunal por dejar de aplicar sentencias dictadas por la propia Justicia. Recuérdese el «caso de los Albertos» o aquellos -se cuentan por decenas- que, tras tropelías o trinques societarios han conseguido librarse de la cárcel merced a providenciales retrasos en la tramitación de sumarios que desembocaban en la ineluctable prescripción de los delitos cometidos. Y hablando de aprovechar las oportunidades que ofrece la cercanía del poder o el poder mismo: qué decir de determinados indultos a señalados banqueros inhabilitados que ahí siguen ganando millones y recomendando austeridad a los demás. Si nos adentramos en el territorio de los favores otorgados por afinidad política, entonces ya es el acabóse: ni las termas de Caracalla darían para remansar tanta agua sucia.
Digo esto, a cuenta de la «última» en el retablo de privilegios y abusos de poder; me refiero a la llamada «amnistía fiscal», directriz del Gobierno Rajoy por la cual, a partir de esta semana, todos aquellos ciudadanos que hayan ocultado dinero al Fisco pueden regularizar su situación declarando la cuantía de lo evadido, a cambio de pagar solo un 10% de recargo. Como han denunciado los representantes de los inspectores de Hacienda, estamos ante un trato de favor escandaloso.
Ocultar dinero al Fisco -a partir de los 120.000 euros-, es un delito que puede ser penado con prisión y multas muy superiores al 10%. Cualquier delincuente podrá acogerse a tan discriminatoria norma. Ni tendrá que aclarar el origen del dinero ni pagará recargo por lo defraudado hasta la fecha. Es un escarnio para quienes con resignación cumplimos todos los años con el penoso deber de pagar impuestos. El Gobierno argumenta que hace falta dinero y calcula que recaudará unos 2.500 millones de euros. Feo argumento: cuando un Gobierno llega a la conclusión de que el fin justifica los medios es que algo va mal en el seno de nuestro sistema democrático. Queda claro que Hacienda no somos todos porque a algunos les va mucho mejor que a otros. La amnistía fiscal es un premio para delincuentes. Un auténtico escándalo.
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Fermín Bocos