A Carlos Dívar, presidente del Supremo, ya solo le defienden los camareros de los restaurantes y hoteles de lujo donde se alojó en Marbella en esos extraños viajes oficiales y protocolarios donde no se entrevistó con nadie.
Las coartadas van cayendo una tras otra. Parece demostrado que, a cambio de un acto oficial y a veces superfluo de una hora de duración, cargó al erario público un fin de semana de cinco días. Para más Inri (la expresión viene al pelo dada su religiosidad), los portavoces de los Ayuntamientos de Málaga y Marbella «no recuerdan» ninguna cita de sus alcaldes con el máximo responsable del CGPJ. Es decir, le están dejando por mentiroso, que no deja de ser un pecado. Y eso que ambos ediles son del PP, partido que está vetando todas las peticiones que los grupos parlamentarios han presentado ante la Mesa del Congreso para que Divar comparezca y explique sus «gastos de viaje».
El PSOE, que fue quien le puso al frente del máximo órgano de gobierno de los jueces con el apoyo del PP, se mostró temeroso en un primer momento frente al «caso Divar». De hecho siguen sin pedir su dimisión. Pero, el desprestigio que está suponiendo para la institución, y no es la única, la publicación de los cargos de gastos sin justificar del «jefe» de los jueces, les ha llevado a amenazar con un recurso ante el Constitucional si se sigue vetando su comparecencia en la Cámara alta.
Por otro lado, sigue siendo un misterio el nombre y rango del acompañante del presidente del Supremo al que invitó a muchas de las cenas en locales de lujo con cargo al presupuesto del CGPJ. El secretismo contribuye a disparar toda clase de rumores que en estos momentos son la comidilla pública. El hecho de que viajara acompañado de tan nutrida escolta de protección tampoco mejora su imagen.
Siguiendo la estela marcada por las palabras del presidente de Mercadona, que afeó a los españoles su tendencia a no rendir lo suficiente y advirtió que si no «espabilamos» nos van a intervenir, no se puede decir que Divar sea un ejemplo de amor al trabajo. Veinte días de asueto, fuera de vacaciones, le habrían costado a cualquier trabajador su despido fulminante y más con la nueva reforma laboral. Pero no somos iguales ante la ley y eso lo sabe bien Carlos Divar.
Es cierto que la situación financiera es tan grave que nada debe distraer al Gobierno en su tarea de evitar la intervención de la economía española. Pero, el deterioro y el descrédito que están sufriendo las principales instituciones del Estado, no admiten más demoras en la renovación de sus miembros. Hay que salvar la economía, pero también el sistema democrático.
Estrella Digital respeta y promueve la libertad de prensa y de expresión. Las opiniones de los columnistas son libres y propias y no tienen que ser necesariamente compartidas por la línea editorial del periódico.
Victoria Lafora