La propuesta de Esperanza Aguirre de reducir a la mitad el número de Diputados autonómicos ha sido, en general, apoyada por la mayoría de los presidentes y portavoces de los gobiernos y parlamentos autonómicos. La apoyan, pero ellos no lo harán, que es como decir que si, que muy bien pero para Madrid y lo demás ni tocarlo, con la excepción de Extremadura y Baleares que van a estudiar el asunto.
Sea como fuere y teniendo en cuenta que, según el CIS, los políticos siguen siendo el tercer problema de los ciudadanos, la propuesta está llena de sensatez porque adelgazando los parlamentos, también se adelgazará y mucho el presupuesto, desorbitado en algunos casos. La reducción de escaños ha sido rechazada de plano por el PSOE con el argumento de que la presidenta de Madrid ha iniciado una campaña de propaganda para tapar la bajada del sueldo a los funcionarios y tenernos entretenidos lo que le resta de legislatura ya que la medida, de aprobarse, no podría entrar en funcionamiento, hasta las próximas elecciones.
Se equivocan los socialistas al rechazar de plano una cuestión que cuenta con el aplauso de los ciudadanos en general, independientemente de cual sea el sentido de su voto. La política esta en horas bajas, -en muchos casos injustamente- pero la acción de los políticos además de ser ejemplar ha de ser ejemplarizante y si se nos esta pidiendo a todos que nos abrochemos tanto el cinturón que nos asfixia, nuestros representantes deben de estar a la altura de las circunstancias.
Madrid es la segunda comunidad con más diputados pero no la mas poblada. Cataluña, por ejemplo tiene 135 frente a los 129 madrileños con cuatro provincias y un millón de habitantes mas. Le sigue el parlamento andaluz que tiene 109 diputados con ocho provincias y 8,4 millones de habitantes, dos más que Madrid. Y, en cuanto al resto, no llegan a cien diputados ninguna.
Si todos, todos los días, estamos hablando de reducción de gastos, yo desde luego prefiero que se meta la tijera en el número de escaños autonómicos que en recortar en otros servicios como la sanidad o la educación. Creo que la objeción a un asunto como este solo se puede hacer por intereses puramente partidistas porque cuanto menos haya menos habrá que repartir y por ahí no pasan. Mientras los parlamentos autonómicos han ido engordando en número de escaños desde que se inicio la transición, para satisfacer los intereses de los partidos políticos, el parlamento nacional se ha mantenido intacto y no ha influido en absoluto en una baja calidad democrática. Y puestos a hacer algo tal vez lo que habría que hacer, de una vez por todas, es cambiar la ley electoral que perjudica gravemente a los partidos pequeños de carácter nacional como Izquierda Unida o UpyD y beneficia a los nacionalistas.
De salir adelante la propuesta de Esperanza Aguirre, según han calculado algunos medios de Comunicación, se ahorraría entre 1,1 y 3,1 millones de euros, que no es moco de pavo. Si eso lo extrapolamos a todos los parlamentos autonómicos ya serian palabras mayores porque no se trata solo del sueldo de sus señorías sino de todas las prebendas que llega aparejado su cargo y condición. ¿Dónde está entonces la desventaja de la propuesta para los ciudadanos de a pie?
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Esther Esteban