Ha ganado la línea dura de la peor derecha: la que trabaja para Goldman Sachs y otras muchas empresas replicantes. Esa que no pone en valor la estrategia del crecimiento y el desarrollo de la economía productiva: hemos vuelto al aznarismo de la burbuja inmobiliaria y la recaudación por privatizaciones – el siguiente paso- y esta vez con la anuencia del PSOE.
La clase media española, los trabajadores con rentas salariales y los desprotegidos que carecen de empleo serán los pagadores de la política oficial que este miércoles se sellaba con el anuncio de Rajoy.
Los mercados mandan, España ha perdido definitivamente su soberanía para decidir el modelo de sociedad con que quiere vivir. Y la gran estafa electoral del veinte de noviembre se ha consumado con una debilidad de la oposición tratando de arrimarse “por responsabilidad” para salir en la foto de la política de estado.
Y precisamente eso es lo que no hay: política de estado. Estamos atrapados en una dinámica cortoplacista en la que lo táctico se superpone a lo estratégico, en la que la visión general queda relegada por la focalización de lo inmediato. Ha habido grandes palabras en el parlamento pero ninguna dirigida a los españoles de bien que pagan sus impuestos, van a trabajar o viven la angustia del paro.
Rubalcaba paseó por su intervención bajo la estela de la política de Rajoy: hablaba con el lenguaje de los políticos sobre los asuntos de los políticos. Y se entendía con Rajoy a la perfección. En este debate han fallecido los programas electorales y la concepción dialéctica de las contradicciones entre propuestas políticas: todas son las mismas, solo varían los matices.
Pagarán la factura de Bankia los españoles de la función pública. Lo expresó bien Rosa Diez: la pagarán los maestros, los bomberos, los policías, los soldados, los médicos, los auxiliares. La pagarán los desempleados: y eso servirá para estimular que busquen empleo – un insulto a los cinco millones de parados que solo mereció la reprobación de Rubalcaba en su segunda intervención-. No pagarán ni los defraudadores ni las SICAV, ni los golfos que se llenan la boca de patriotismo y tienen las cuentas en Suiza o en Montecarlo.
En este país ser de clase media es un reto histórico. Periódicamente, los gobiernos proletarizan y empobrecen a los hombres y mujeres que han logrado instalarse en la comodidad y el bienestar que producen el trabajo y el esfuerzo académico. Nos funden a impuestos pero no para defender el estado de bienestar como correspondería a una política de progreso social, sino para pagar la factura de la fiesta política y bancaria. Vamos a subir los impuestos y a reducir la prestación por desempleo para pagar el aeropuerto de Fabra y amortizar las inversiones interesadas como las del ministro del caso campeón, el imputado Blanco. Son lo mismo y es la misma deuda.
La demagogia tuvo su oportunidad: suprimir concejales de pueblos pequeños y reducir la subvenciones a los partidos un 20%. La primera tiene por objeto fortalecer las diputaciones, cosa que a Rubalcaba, que estuvo en contra de su existencia durante la campaña electoral, no pareció llamar la atención, y la segunda, la acusarán sobre todo los pequeños partidos que emergen en este desierto de desolación en que se ha convertido el discurso de la oposición mayoritaria.
Es obvio que Rajoy aspira a ser Monti, un buen empleado, y que del mismo modo que Sevilla le apuntaba a Zapatero que la economía se aprende en dos tardecillas del ala, De Guindos le ha señalado al actual presidente el camino para llevarse bien con las grandes firmas del sector financiero, las que hacen y deshacen a su gusto.
No sabemos si hay una fatalidad que cae insistentemente sobre este país, y que una intermitencia entre la mediocridad y el abuso ponen freno a nuestro desarrollo y a nuestras oportunidades como país. Dijo Rubalcaba que quería un pacto, equivocó el momento. Debía haber ofrecido un pacto mucho antes y para evitar esto, no ofrecer un pacto cuando esto ya ha ocurrido. Esa falta de sentido nos deja a los españoles sin alternativa: no hay oposición, sino entreguismo que ha fructificado sobre la idea de la culpa que se fraguó durante la calamitosa y bochornosa última legislatura de Zapatero. El PSOE oficial no quiere unirse al sentimiento de agravio social que prende en la sociedad española y elige quedarse en la comodidad de las moquetas.
No nos merecemos este gobierno. Ni esta oposición. Ni desde un punto de vista auténticamente liberal ni desde una visión verdaderamente de izquierdas se puede entender este ataque contra la ciudadanía. Grecia se acerca haciendo recortes en las distancias que figuran en el mapa. Esperemos también que, como allí, tengamos por fin una oposición nacional que defienda a la clase media y a los trabajadores.
Editorial Estrella