Manos a la cabeza. Todos indignados. Invasión del plató y fundido en negro. La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) presenta un ERE para despedir a 1.295 de sus 1.695 trabajadores y ahorrar 54 millones en salarios. La radiotelevisión valenciana es el ejemplo del dispendio y la mala administración de lo público, con más de 1.300 millones de pérdidas y sólo un 25% de información valenciana, cinco puntos menos que la media de las autonómicas. Tiene el récord de informativos menos vistos en pugna con Telemadrid y la autonómica murciana, y la audiencia huye hasta quedarse sólo con un 4,2% junio, sólo por detrás de los 2,8 puntos de la televisión de Murcia, también controlada por el PP.
La radiotelevisión valenciana es el culmen de la política audiovisual fraudulenta del PP y el gobierno Rajoy. Al grito de privatización se olvida a los responsables de la debacle y de las pérdidas que asumen los ciudadanos: 1.300 millones de deuda.
Pero también se olvida la compra de programas a productoras externas bien relacionadas, a veces pagando cifras desorbitadas, cargando dos veces los gastos a la televisión pública y sin objetivos de audiencia; la contratación de personal “de confianza” sin las oposiciones y garantías obligadas por ley, el entramado de pagos a proveedores amigos, los derechos deportivos desorbitados y en muchos casos a clubes también bien relacionados con el poder autonómico.
Esas son las razones del gran fraude audiovisual que el ex presidente y ex ministro Eduardo Zaplana comenzó en 1995, cuando permitió endeudarse a RTVV y multiplicó bajo su gobierno las contrataciones y gastos. En 1995, la radiotelevisión valenciana tenía 653 trabajadores, una deuda de 22 millones y gastaba en producciones externas menos de 40 millones frente a los más de 80 millones al año de la época de Francisco Camps. El ex presidente de la Generalitat y sus directores generales, José López Jaraba y Pedro García, este último procesado por la trama Gürtel y el escándalo de los sobreprecios y adjudicaciones a la red por la visita del Papa en 2006, se aplicaron con ansia al engorde televisivo.
La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha denunciado reiteradamente –la última vez en su informe de 2010– todas las irregularidades, la situación de quiebra de la cadena, las contrataciones a dedo, la mala gestión de sus directivos, los abusos en las contrataciones y el saqueo del presupuesto de la radiotelevisión. Nadie ha hecho nada. Nadie es responsable
Ahora pagan los trabajadores, entre ellos muchos que no deberían estar en la cadena. Pagan sobre todo los ciudadanos y las arcas públicas. El PP sigue con su desparpajo y su cinismo maldiciendo a las autonómicas, su mala gestión y clamando por la privatización.
Los costes los pagamos todos. La deuda y el déficit, el coste de las regulaciones de empleo y los cuantiosos honorarios de las consultoras como PWC y Garrigues cuyos informes sólo sirven para justificar despidos. Pero no se preocupen, seguiremos pagando. El PP privatizará la gestión de las autonómicas, pero se reserva el control político de las televisiones, y no serán los gestores privados quienes asuman los males resultados. El fraude continúa.
Juan Varela-Estrella Digital
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