Más de cien exaltos cargos recibirán estos días una carta de Cristóbal Montoro en la que les insta a renunciar a uno de sus sueldos, lo que deberán hacer este mismo mes. La misiva, enviada hace unos días, va dirigida a quienes están recibiendo en la actualidad su pensión de exalto cargo y otra remuneración publica o privada. Así, José Luis Rodríguez Zapatero deberá optar entre recibir su pensión -equivalente al 80 por ciento de 75.000 euros que recibía en su condición de presidente del gobierno- y los 80.000 que recibe como miembro del Consejo de Estado. José Blanco, al igual que el resto de sus compañeros de gobierno, están cobrando la indemnización de dos años a la que tienen derecho y, además, el sueldo de diputado, que en el caso del que fuera ministro de Fomento es de 3.124 euros al mes más dietas. Lo mismo ocurre con Elena Salgado, Manuel Chaves, Cándido Conde Pumpido y Miguel Ángel Ordóñez, entre otros. De momento, el que ya ha respondido ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba que ha anunciado que renuncia a su indemnización de exministro y se queda con su sueldo de diputado, mientras que el resto tienen un periodo de quince días para pronunciarse.
Según las normas que rigen en nuestro país desde 1980, todas las personas que han tenido altos cargos como miembros del gobierno, secretarios de estado, presidentes del Congreso y el Senado, presidentes de altos tribunales, etc, cuando cesan tienen derecho a seguir cobrando durante dos años el 80 por ciento de la retribución que percibieran. Precisamente, en esa legalidad es en la que se ha amparado el expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Divar para reclamar una indemnización de 208.000 euros, es decir 8.666 euros al mes. El escándalo es mayor teniendo en cuenta que se ha tenido que ir por la puerta de atrás y con deshonor, precisamente por haber hecho un uso inapropiado de los gastos de la institución que presidía.
La medida se aplicará a todos los altos cargos de las administraciones publicas, sean diputados, senadores, miembros de asambleas legislativas autonómicas, ayuntamientos u órganos constitucionales, aunque en los casos que afecten a administraciones locales u autonómicas serán gestionados por ellos, por lo que en ese sentido no recibirán la masiva de Montoro.
Sea como fuere, está claro que nuestro país no está para seguir compensando a los altos cargos que dejan de serlo y en ese sentido es lógico que se corten por lo sano privilegios de los ex. Pero una cosa es acabar con las prebendas y las canonjias y otra muy diferente alimentar el discurso populista de persecución a todo lo que huela a política. La política es el sustento de la Democracia y el hecho de que haya habido casos repugnantes de corrupción y de abuso de poder, que nos han avergonzado a todos y han laminado el prestigio de las instituciones, no es motivo para cargar contra todos y contra todo.
Lo que no es democracia son regímenes autoritarios por mucho que se disfracen de populismo y desgraciadamente sabemos muy bien lo que eso significa. En la cosa pública deben estar los mejores y también tienen que recibir un sueldo justo y apropiado a su dedicación. En eso tienen mucho un decir los partidos políticos a la hora de incluir en sus listas a los mejores y no a los más sectarios, a quienes son más sumisos al líder o a quienes pretenden medrar a la sombra de su militancia. Muchas veces he dicho que para entrar en política debería ser obligatorio tener antes oficio y beneficio y haber tenido una vida laboral previa. De esa manera se haría una selección natural y algunos no se aferrarían al cargo como a un clavo ardiendo ya que fuera de las siglas del partido no tienen nada, pero nada de nada. Y claro matan… por figurar en la lista que sea.
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Esther Esteban