Tras marear un poco la perdiz, el Gobierno de Rajoy aprobó finalmente la prórroga de la ayuda de 400 euros al mes para aquellos ciudadanos que después de agotar todas las prestaciones por desempleo siguen en paro, un mal que aqueja a cada vez más españoles y que es toda una amenaza para la cohesión social. Pero no todo sigue como estaba con Zapatero, ni mucho menos.
Rajoy ha introducido cambios que afectan a la cuantía -50 euros más para desempleados con más de dos personas a su cargo- y al acceso a las ayudas, de modo que la conclusión salta a la vista: habrá menos beneficiarios y un poco más de dinero para los que superen estrictas condiciones, que perjudican a los parados que hayan tenido que regresar al domicilio de sus padres. Además, el Gobierno exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros, que se orientan a los parados de larga duración o con cargas familiares.
En teoría, estas ayudas para el Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo son para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. En la práctica, constituyen un salvavidas social, la última red de seguridad durante seis meses para aquellos parados que agotan todas las prestaciones y subsidios posibles. De hecho, la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría definió esta medida como «ayuda de última instancia». Traducido, una palanca contra la pobreza, en un país donde, según Cáritas, hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
¿De qué dimensión social estamos hablando? De los casi seis millones de parados, un tercio no cobra ninguna prestación y solo alrededor de 200.000 perciben actualmente los 400 euros, lo cual supuso que desde marzo de 2011 hasta mayo de 2012 se consumieran más de 1.000 millones de euros, por encima del presupuesto. Hasta julio de 2012, el programa benefició a 500.859 personas, la mayoría de Andalucía, y menos de un 6% de los parados logró encontrar trabajo gracias a ese plan llamado Prepara, que al final es una ayuda social.
Un Estado de la dimensión del español debería ser capaz de mantener esta mínima política social. Hablamos de mil millones, el 0,1% del Producto Interior Bruto o el 0,5% del total de los ingresos fiscales.
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José Luis Gómez