Los resultados de la huelga general, pese a la minusvaloración del Gobierno y al entusiasmo sindical, demuestran las dificultades de muchos trabajadores para perder el salario de una jornada a pesar del descontento mayoritario y clamoroso contra la política de recortes de Rajoy.
Este éxito, no total pero sí importante, de los asalariados que han secundado la huelga, hubiera sido más legitimo de no mediar la acción de los llamados «piquetes informativos». Esta secuela de los viejos tiempos del sindicalismo no tiene sentido en una sociedad libre y conocedora de sus derechos, entre ellos el de hacer huelga si así se considera.
La libertad, precisamente, consiste en que la decisión de cumplir o no la jornada laboral depende exclusivamente del trabajador que puede estar motivada por necesidades ineludibles por las que no debe explicación a nadie. Por tanto, los grupos de sindicalistas que amedrentan a aquellos que no quieren hacer la huelga están quitando legitimidad moral a su convocatoria y poniendo en cuestión la conciencia social de la ciudadanía. Es difícil entender que las organizaciones sindicales, que contemplan estos días como un movimiento solidario (ajeno a ellos) ha sido capaz de remover las conciencias de la clase política frente al drama de los desahucios, sigan cuestionando la capacidad de los trabajadores para tomar la decisión correcta. Porque han sido los ciudadanos, organizados en diferentes plataformas, los que han protegido a sus vecinos cuando las entidades bancarias querían echarles a la calle.
El Gobierno tampoco debería relativizar el mensaje del descontento social que la huelga les ha enviado junto a los datos de las encuestas, incluso las del CIS, que apuntan a una importante merma de confianza en los dos principales partidos.
Seis millones de parados no han podido sumarse al paro ya que carecen de puesto de trabajo al que acudir. Luego las cifras de participantes en la huelga no resisten una comparación con lo ocurrido en tiempos de bonanza.
La sociedad, trabajadores, parados, jubilados y estudiantes está al límite de su capacidad de tolerancia frente a la desaparición de derechos sociales. Es importante cumplir el objetivo de déficit pero no a costa de enviar a la exclusión social a un importante sector de la clase media.
Las movilizaciones de la enseñanza, de los sanitarios y la solidaridad que despiertan sus exigencias, junto con los datos de participación en la huelga general, dan una idea del sentir de la población, cada vez más motivada para salir a la calle a pelear por lo que le quitan.
Mariano Rajoy y los suyos harían bien escuchando clamor ciudadano porque incluso las mayorías absolutas se disuelven como azucarillos cada cuatro años si se gobierna de espaldas a las necesidades de los votantes a los que, además, se les engañó con el programa electoral.
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Victoria Lafora