Obviamente me refiero al debate sobre el estado de la Nación, pero no específicamente al de este año, sino que hago extensivos mis calificativos a todos los que lo han precedido y, para evitar suspicacias, anuncio que fundamento mi afirmación en motivos puramente jurídicos y constitucionales.
El debate aterriza en nuestro paisaje político por una suerte de efecto imitación no exento de un determinado grado de paletismo
En efecto el debate en cuestión aterriza en nuestro paisaje político constitucional, como otras tantas instituciones, por una suerte de efecto imitación no exento de un determinado grado de paletismo. La inspiración última de esta larguísima comparecencia parlamentaria del Presidente del Gobierno sería el Discurso sobre el Estado de la Unión que se celebra anualmente en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde el Presidente se dirige a una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado a efectos de informar sobre los extremos más relevantes de la actividad del gobierno federal.
Pero basta conocer un poco el sistema constitucional del os Estados Unidos para comprender que lo que allá tiene un enorme sentido acá carece de él. Y es que el esquema jurídico político de los Estados Unidos está construido sobre una base de rígida separación y equilibrios mutuos entre los tres poderes. El Presidente del Gobierno (que también es Jefe de Estado) es elegido por los ciudadanos directamente, no por el Congreso y de hecho no es miembro de ninguna de las Cámaras, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país. Por lo tanto obedece a razones de lógica elemental que el artículo 2 de la Constitución americana establezca que el Presidente dará información de forma periódica al Congreso sobre el estado de la Unión y recomendará para su consideración las medidas que estime necesarias o convenientes ya que, a diferencia de nuestro sistema parlamentario, el jefe del gobierno no tiene otra ocasión para comparecer ante sus cámaras parlamentarias. No obstante hay que recordar que la instrumentación de esta obligación constitucional a través de una comparecencia parlamentaria la inició George Washington en 1790, pero posteriormente fue suspendida por el Presidente Jefferson, que como en otras cosas apreciaba ciertos tics monárquicos en el primer Presidente americano y veía un paralelismo con el Discurso de la Corona. El padre del Partido Republicano sustituyó el discurso por informes escritos, tradición que perduró hasta que en 1913 el Presidente Wilson recuperó el formato de aparición parlamentaria en 1913 (aunque desde entonces ha habido todavía alguna excepción).
Resulta evidente el carácter absolutamente superfluo de un debate de este tipo en nuestro sistema puramente parlamentario
A la vista de lo anterior, resulta evidente el carácter absolutamente superfluo de un debate de este tipo en nuestro sistema puramente parlamentario en el que un Presidente del Gobierno comparece semanalmente para sesiones de control, tiene que defender anualmente en la Cámara sus Presupuestos, tiene que lidiar parlamentariamente con la tramitación de sus propuestas políticas para convertirlas en Ley y es miembro de la Cámara que lo eligió como jefe del gobierno y que está legitimada para removerlo del cargo.
Al final solo queda una soporífera sesión parlamentaria orientada a los cortes de veinte segundos para los informativos (el tópico del rifirrafe y del cuerpo a cuerpo) y una no menos aburrida discusión maniquea y sesgada posterior entre los sesudos analistas para juzgar quién ha ganado el debate.
Lo único bueno que le queda es el nombre, ya que ni los más cursis fanáticos de la corrección política son capaces de sugerir que lo llamemos debate sobre el estado del Estado, así que por un día hablamos de Nación y nos referimos a España. Es un consuelo.
Juan Carlos Olarra-Estrella Digital
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Juan Carlos Olarra