Es tan serio el problema de corrupción, y casi aún más la percepción social de esa corrupción, que es preciso actuar con urgencia desde todos los frentes. Desde el institucional, por supuesto, con comportamientos públicos transparentes, facilitando el acceso a la información pública y con una buena gobernanza y utilización impecable de los fondos públicos recibidos. La Ley de Transparencia no acaba de llegar y los casos de fraude desde el poder siguen ocupando las portadas de los periódicos. Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales deberían firmar un compromiso ético expreso con la sociedad para expulsar de sus filas a todos los corruptos y para radicalizar su compromiso con el buen gobierno.
Los hábitos públicos repercuten en las conductas privadas, pero las conductas privadas acaban conformando una ética social
Pero no solo la política profesional debería hacer ese examen de conciencia con propósito de la enmienda. También se necesita el compromiso activo de todas las instituciones públicas, y muy especialmente de la Universidad, que debería ser la abanderada de la ética social, un frente militante contra la corrupción y la indignidad tanto interna como externamente. Lamentablemente, la Universidad sigue ausente de todos o casi todos los debates que están provocando un tsunami social. Y luego están los jueces, la Justicia, en la que al lado de excelentes profesionales que arriesgan mucho en su compromiso con la ley, hay otros y, sobre todo, más de un órgano corporativo o de poder que deja mucho que desear. Hay quien sostiene que los jueces están para aplicar la ley, no para hacer justicia, pero es bueno aplaudir a aquellos que tratan de hacer que ambas cosas no sean incompatibles. Y también deberíamos aplicarnos la lección los periodistas que enseñamos no sé si con fruición las miserias de todos y tapamos o escondemos las propias con demasiada frecuencia.
Finalmente, queda el frente personal que exige revisar comportamientos ciudadanos carentes de ética que van desde el cobro en «b» hasta no pagar el IVA, tratar de saltarse una cola, el absentismo, realizar mal nuestro trabajo, mentir en nuestra declaración de la renta… No porque parezcan menos importantes son menos importantes. Los hábitos públicos repercuten en las conductas privadas, pero las conductas privadas acaban conformando una ética social. «La ética de las virtudes -dice Victoria Camps- siempre me pareció el gran déficit de hoy. Lo que falta es honradez y voluntad para hacer las cosas bien. Si queremos ser ejemplarizantes, cada uno debe crear su propia conciencia moral, sus límites y eso es volver al terreno de las virtudes».
Volver al terreno de las virtudes, de la conducta ética, de la moral social, exige ser consecuentes. Exige que los corruptos sean castigados con rapidez y eficacia, que los comportamientos antisociales -personales, de grupo, públicos o privados, institucionales-, sean sancionados legalmente pero porque también lo son socialmente y no al revés. No se puede recuperar la confianza en los otros, sean o no gobernantes o líderes de la oposición, si perdemos de vista nuestro propio comportamiento.
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Francisco Muro de Iscar