La lectura de nuevas y cotidianas revelaciones acerca de casos de corrupción induce a pensar que España se ha convertido ya en lo que en Italia se conoce por «Tangentópolis». El reino de las comisiones ilegales; el puerto donde grandes empresas pagan fuertes sumas de dinero en forma de donaciones a los partidos políticos a cambio de posteriores adjudicaciones de obras o contratas de servicios. La ley establece un tope para este tipo de aportaciones pero, como recuerda el saber popular: hecha la ley, hecha la trampa. En este caso la puerta de atrás son las fundaciones de los partidos. Y ahí estamos.
Para seguir creyendo que España es un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley habría que apoyar más a los jueces
Los partidos políticos que desbordando las funciones que les asigna la Constitución han invadido todos los ámbitos de poder de la vida del país se han tornado empresas extractivas que para mantener a su miles de cargos y empleados, sus locales abiertos y poder pagar sus costosas campañas electorales, recurren a este tipo de prácticas.
Guardamos en la memoria episodios estelares en los que en el fragor del debate parlamentario a algún político se le calentaba la boca y descubría el pastel. «Ustedes tienen un problema; ustedes tienen el problema de 3%» -le espetó Pasqual Maragall a Artur Mas»- aludiendo al porcentaje de las supuestas comisiones que beneficiaban a CiU a partir de determinadas adjudicaciones de obras. En otras ocasiones ha sido un contable despechado (casos Filesa, Malesa y Time Export, una red de financiación ilegal del PSOE), o un concejal al que dejaban al margen de la mordida (caso Gürtel, trama que a la sazón investiga la justicia bajo la muy fundada sospecha de cobros ilícitos por parte de dirigentes populares de Madrid y de Valencia) o la más reciente, de todas: los llamados «papeles de Bárcenas», extesorero del PP. Todas llevan el agua al mismo sitio: a las cajas opacas de los partidos. La lista es larga y tan llamativa como la desvergüenza con la que algunos políticos tratan de marear a la justicia al tiempo que desvían la atención de la opinión pública señalando casos similares de corrupción que infaman a los partidos contrarios.
Tengo para mí que hemos llegado a un punto en el que para seguir creyendo que España es un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley habría que apoyar más a los jueces en su difícil tarea de hacer justicia. Justicia, caiga quien caiga. Apoyar a los jueces y animar, también, a los fiscales para que cumplan con su misión extremando la diligencia para que una incorrecta interpretación del principio de dependencia jerárquica no se traduzca en pérdida de la necesaria independencia para poder hacer cumplir la ley y acabar con la corrupción que está minando nuestra democracia. Ya digo, es la hora de los jueces.
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Fermín Bocos