Tenía razón Mariano Rajoy cuando se definía a sí mismo como un político «previsible». Así viene gobernando. Con la excepción -aunque sea mucha-, de dos asuntos: los impuestos y las pensiones. De los primeros dijo que no los subiría y los subió; de las pensiones dijo que no las tocaría porque sería traspasar una «línea roja «, pero las ha tocado. En todo lo demás ha sido previsible. Ha sido previsible en relación con la deriva separatista de Artur Mas en Cataluña (formalmente no ha sido llamado al orden) y lo está siendo en el debate abierto acerca de la conveniencia de regular las funciones institucionales del Príncipe de Asturias .
De las pensiones dijo que no las tocaría, pero las ha tocado
A la vista de la incapacidad temporal de don Juan Carlos para asumir algunas de las competencias que ahora, con arreglo a lo establecido por la Constitución (artículos 62 y 63), son potestad exclusiva del Rey en su condición de Jefe del Estado, se le ha preguntado al presidente del Gobierno acerca de esa eventual reforma y, como era previsible, se ha puesto de perfil: «No es necesaria. No tenemos ningún proyecto en ese sentido» -ha sido su respuesta-. No opina lo mismo García Margallo. Para el ministro de Asuntos Exteriores, que reconoce que hay un «vacío» sí sería oportuno aclarar cuáles son las funciones y atribuciones del Príncipe. Llevamos 35 años sin desarrollar lo que podría llamarse la «Ley de la Corona» y esa carencia se pone de manifiesto en situaciones como la actual en la que el Jefe del Estado estará algún tiempo de baja por enfermedad, circunstancia que le limitará en el cumplimiento de sus obligaciones.
Tengo para mi que el fondo de la cuestión que da pie a las reticencias del presidente Rajoy y de otros miembros del Gobierno tiene que ver con un viejo temor: no tocar la Constitución, no «abrir el melón». ¿Por qué? Pues porque frente a lo que podríamos llamar una cata selectiva y restringida: la modificación del Artículo 57 que establece la primacía de los varones sobre las mujeres en la línea sucesoria -reforma en la que todo el mundo está de acuerdo-, resulta que sobre otras cuestiones, no hay consenso. IU, ERC y otras fuerzas parlamentarias -minoritarias, pero muy activas- reclaman un referéndum para decidir acerca de la propia naturaleza de la forma de Estado. Monarquía o República. De ahí la renuencia de Rajoy a tocar el asunto.
Sin embargo, hay constitucionalistas que opinan que para regular lo que podríamos llamar el «Estatuto del Príncipe», no es necesario reformar la Constitución. Bastaría con una ley orgánica. Visto que el PSOE estaría dispuesto a apoyarla, podría salir adelante. Desde luego es necesaria. Mientras que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (Art. 56.2), don Felipe, pese a su condición de Príncipe de Asturias, ni siquiera está aforado. Tampoco puede asumir (ni don Juan Carlos podría delegar en su persona) las funciones reservadas al Rey. En 35 años -desde Suárez a Felipe, pasando por Aznar y Zapatero-, todos los presidentes fueron aplazando el tema. Nunca era el momento oportuno. Quizá éste lo sea. Y sin tener que abrir el melón.
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Fermín Bocos