En los últimos tiempos, la insumisión constitucional se ha convertido en un deporte de alto riesgo para España. Quienes han jurado o prometido respetar la Constitución y hacerla cumplir, manifiestan públicamente su voluntad no de cambiarla por los medios legales, sino de ignorarla o desobedecerla. Y exigen que «se respete» su «derecho» a hacerlo. No es sólo eso. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados de España es uno de los dirigentes de la coalición que sustenta al Gobierno autónomo catalán que pretende independizarse de España por un camino anticonstitucional. Los Gobiernos autónomos de Cataluña, País Vasco y Andalucía ya han manifestado su decisión de no aplicar la Ley de Educación aprobada democráticamente en el Congreso. Incluso, en un terreno de menor gravedad o importancia, dos de estas comunidades autónomas ya han señalado que no aplicarán un posible aumento de la velocidad permitida en las carreteras españolas a 130 kilómetros por hora en lugar de los 120 actuales.
En España no sólo se hacen infinidad de leyes innecesarias, contradictorias y de escasa calidad, sino que no se cumplen
En España no sólo se hacen infinidad de leyes innecesarias, contradictorias y de escasa calidad, sino que no se cumplen. Y no pasa nada. No es que las decisiones del Gobierno legítimo no sean aceptadas por quienes están obligados a aplicarlas democráticamente. Es que hasta las resoluciones de los tribunales, y especialmente las del Tribunal Constitucional, ni se respetan ni se cumplen. Se dice con un descomunal grado de hipocresía que «se acatan», pero no se obedecen y no se aplican. Y no pasa nada. Y no es que no haya recursos en nuestra legislación para exigir el cumplimiento de esas leyes, sobre todo cuando están en riesgo factores nucleares de la propia democracia y del Estado de Derecho. Simplemente es que no se utilizan por miedo, por falta de diálogo serio o por falta de audacia.
Esta inseguridad jurídica, reforzada por la división entre los miembros de partidos nacionales, que deberían tener un proyecto común, no afecta sólo a los nacionales. Sorprende también a todos los observadores internacionales y a todos los posibles inversores en nuestro país por el silencio de los intelectuales y de los empresarios, por la corrupción generalizada en las esferas política y sindical y por las maniobras y las presiones de los partidos para controlar los principales órganos judiciales, cuyas decisiones luego no respetan. La falta de credibilidad del proyecto nacional y la desconfianza en quienes dirigen la política nacional y autonómica son factores que aumentan la dificultad para salir de la crisis.
Incumplir la ley no puede salir gratis a nadie. Por supuesto, a los ciudadanos, pero tampoco a los políticos. Y nunca a los dirigentes elegidos democráticamente. En esa confusión general que vivimos, donde se aplaude a quienes desde las tribunas del Congreso gritan que «el aborto es sagrado» o presionar vilmente a una jueza por tratar de perseguir a los corruptos, la insumisión constitucional y el desprecio a la ley es un cáncer con el que hay que acabar si no queremos acabar con la democracia.
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Francisco Muro de Iscar