Claro que sería excesivo decir que el previsible fin, este lunes a manos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la ‘doctrina Parot’, que permite que un asesino de especial relevancia y crueldad permanezca en prisión más tiempo del que le deparaba el benigno Código Penal de 1973, es la principal preocupación del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero tampoco estoy seguro de que la sociedad española esté preparada para aceptar, así sin más, que alguien, un etarra, que ha matado a una veintena de personas salga a la calle tras haber cumplido una pena de menos de un año por cada uno de sus crímenes. Y esto es lo que, previsiblemente, va a ocurrir si el alto Tribunal de Estrasburgo, atendiendo al recurso de la terrorista Inés del Río (veintitrés muertes a su espalda) tumba de hecho esa ‘doctrina Parot’ que, es cierto, alguien se sacó del sombrero, que es retroactiva y técnicamente imposible, pero que restablecía un mínimo de justicia para castigar a quienes tanto han delinquido y se beneficiaban, sin embargo, de un trato penal excesivamente favorable.
No estoy seguro de que la sociedad española esté preparada para aceptar que alguien que ha matado a una veintena de personas salga a la calle tras haber cumplido una pena de menos de un año
Algo habrán de hacer los tribunales de Justicia españoles para evitar una excarcelación masiva de más de medio centenar de etarras, y no solo etarras, inicialmente condenados a cientos, o miles (como la mentada Inés del Río), de años de prisión. Resultaría insoportable para la sensibilidad ciudadana un espectáculo en el que etarras sanguinarios, entre ellos el propio Parot, algún Grapo, asesinos como el de las niñas de Alcasser, pudiesen estar paseando por las calles españolas ya en los próximos días. Me dicen que el Tribunal Supremo y el Constitucional (a ver si en esto se ponen de acuerdo, siquiera una vez) buscan complicadas soluciones para evitarlo. Los ministros de Justicia y de Interior dicen que tienen las manos atadas, las asociaciones de víctimas del terrorismo prometen sonoras manifestaciones. Y habrá, sin duda, alteraciones del cuerpo social ante la decisión previsible de Estrasburgo favorable a Inés del Río -a quien, encima, habrá que indemnizar con miles de euros–, que abrirá el precedente que acabe con esa ‘doctrina Parot’ que, ya digo es tan deficiente desde el punto de vistas de un teórico garantismo penal, pero que ha mantenido tras los barrotes a personas de conducta especialmente repulsiva.
Eso sí: la sentencia -vamos a ver este lunes en qué términos se produce- del TEDH acaba formalmente con las últimas reivindicaciones de ETA. La banda está, de hecho, liquidada desde su famosa declaración de alto el fuego de octubre de 2011, tiene a seiscientos de sus militantes en diversas cárceles españolas y apenas le queda una treintena de activistas, algunos en paradero relativamente desconocido, como es el sospechoso caso de Josu Ternera. Claro que, desde la negociación impulsada por Zapatero, y que, en mi opinión, dio tan buenos frutos, se han producido muchas cosas en el mundo ‘abertzale’ y resulta impensable que Sortu, por muy lejos que se sitúe del sistema, vuelva a predicar cualquier clase de violencia; eso del ‘brazo político’ de ETA se ha acabado. Lo que falta es la declaración de autodisolución de ETA, la entrega de las armas y la normalización definitiva, legal, de un estado de cosas que dura desde que, en 1969, es decir, hace casi medio siglo, la banda cometió el primer asesinato.
Es, pues, la hora de la política. Esa política que mucho le cuesta poner en práctica a Mariano Rajoy, que tantas acusaciones lanzó contra el proceso negociador de Zapatero. Quien, sin embargo, con o sin faisanes, con o sin bolinagas, tiene, entiendo, un único activo en su historial como presidente: haber acabado con el terror etarra. Porque el ajuste de cuentas definitivo con ETA tiene que ver, qué le vamos a hacer, con el proceso vasco hacia un soberanismo que nunca será como el catalán -al fin y al cabo, los vascos ya tienen su ‘pacto fiscal’ y viven mejor que los restantes españoles-, pero al que el Partido Nacionalista Vasco de Urkullu tiene que dar alguna salida, siquiera aparente. Los peneuvistas andan mareando la perdiz de un nuevo estatus para Euskadi, pero el tema no provoca precisamente pasiones entre los vascos; ni siquiera, parece, en el propio inquilino de Ajuria Enea, un Urkullu que ya ha demostrado sobradamente estar más cerca de la sensatez de Ardanza que de la locura de Ibarretxe.
A ver cómo reaccionan esta semana las fuerzas políticas vascas ante el eurovarapalo penitenciario que va a caer sobre la Justicia española, y sobre todas nuestras cabezas. A ver cómo reacciona Rajoy -otro sapo que tiene que tragar-, a ver qué hace el señor Ruiz-Gallardón, ese ministro de Justicia tan desconcertante. Por si hubiera pocas cosas atenazando el panorama político español, con Estrasburgo hemos topado.
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Fernando Jáuregui