Hay zonas de Madrid que dan pena. Papeleras rotas, contenedores volcados, montones de cartones, botellas, restos de comida y demás desperdicios que convierten el paisaje urbano en un paisaje deleznable justo en el momento en el que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ocultaban su preocupación por el constatable descenso del turismo en la capital de España. Nunca es buen momento para ver nuestras calles convertidas en vertederos, pero este momento, el de hoy mismo, es de los peores, el menos indicado para que la capital de España sea noticia en la prensa internacional, que siempre está a la que salta, por sus calles sucias. Dicen quienes conocen esa ciudad italiana que Madrid comienza a parecerse a Nápoles.
Cuando Ana Botella se hizo con la alcaldía de Madrid, supo que llegaba a administrar miseria, que no iba a cortar una sola cinta de inauguración y que además de no gastar tenía que ahorrar. La deuda municipal de Madrid ha descendido. Se han ahorrado gastos que se denominan, porque lo son, «improductivos» y ahora se ha tratado de ahorrar en el servicio de limpieza.
Lo barato sale caro y en el caso que nos ocupa, en el de la limpieza de Madrid, está saliendo carísimo
No dice ninguna barbaridad la alcaldesa cuando recuerda que Madrid es quizás la única capital europea en la que se recoge la basura todos los días. Es rigurosamente cierto y a nadie, en principio, puede parecer mal que también en este servicio se trate de ahorrar.
Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado a la hora de decidir «cómo» se ahorra. Las empresas adjudicatarias del servicio no son precisamente empresas que estén en la ruina. OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC… aseguran que por su parte están cumpliendo los servicios mínimos y también mantienen su decisión de despedir a 625 personas, en lugar de a 1.134, a cambio de una rebaja importante en los sueldos ya de por si poco importantes. Los que más cobran llegan a unos 1.300 euros. No es ni medio digno pagar sueldos míseros a quienes recogen nuestras basuras y ni mucho menos ofrecer a la administración contratos baratos a cambio de poner en la calle a personas que solo tienen su trabajo, un trabajo que además, no es precisamente el más deseado.
Creo que la huelga es un derecho legítimo y es bien comprensible que quienes ven amenazado su puesto de trabajo recurran a la misma. Creo que de ninguna de las maneras hay que contextualizar o condescender con quienes superan todos los límites destrozando papeleras o quemando contenedores y creo, sobre todo, que ninguna institución publica puede ni debe firmar nada que conlleve despidos, máxime cuando se trata de empresas como las ya citadas.
La administración pública debe ser especialmente celosa a la hora de establecer garantías, de no aceptar condiciones inaceptables basadas única y exclusivamente en la rentabilidad de empresas que ya son rentables y poner en la balanza el coste del ahorro. Normalmente, al final, lo barato sale caro y en el caso que nos ocupa, en el de la limpieza de Madrid, está saliendo carísimo. Demasiado caro y esto se debería haber previsto.
Charo Zarzalejos